Por: Carlos Olimpo Restrepo para Hacemos Memoria

La independencia ante los gobiernos de turno y su trabajo riguroso han permitido al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) ganarse la confianza de grupos de víctimas, organizaciones sociales, grupos de investigación, centros académicos nacionales y extranjeros y medios de comunicación.
Desde estos colectivos se han escuchado en semanas recientes llamados a la Presidencia para que el sucesor de Gonzalo Sánchez, director por casi 11 años del CNMH, sea una persona que garantice la continuidad de las investigaciones sobre el conflicto armado colombiano y la manera en que hasta hoy se han realizado, es decir de manera autónoma, para evitar convertirlo en una caja de resonancia de la administración de turno.

Esta preocupación ronda en la cabeza de Sánchez desde el 2 de agosto de 2018, cuando presentó su renuncia irrevocable, al pensar que se hará un gran daño a los acuerdos entre el Gobierno y las FARC y, por ende, al país, si el Centro se transforma en constructor de una historia oficial, lo que va en contravía de la Ley de Víctimas, que lo prohíbe de manera explícita.

En su oficina, en el costado sur del Parque Nacional, en Bogotá, este historiador repasó con Hacemos Memoria su labor al frente del Centro –que antes se denominó Grupo- y manifestó sus inquietudes sobre el futuro de la entidad.

¿Siente que hay en este momento una amenaza sobre el Centro Nacional de Memoria Histórica?

Las inquietudes que se agitan en torno a la materialización de los acuerdos entre el Gobierno y las FARC, a su continuidad, al respeto y al desarrollo de los acuerdos, están rebotando en toda la institucionalidad que se creó bajo la Ley de Víctimas, entre ellas, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Esa es una de las dinámicas más complejas que hay en este momento, las cosas que se daban por sentadas y que se daban por reforzadas con lo pactado, ahora se debilitan en la medida en que se fragilizan los acuerdos.

El país, primero con el Grupo de Memoria Histórica y luego con el Centro, ha construido un enorme patrimonio nacional que no se puede rifar, hay que protegerlo porque es la historia de un conflicto, de unas violaciones de derechos humanos que hay que preservar. Incluso la UNESCO ha puesto bajo tutela suya algunos de los archivos de víctimas cuya organización hemos acompañado, para que los conserve como patrimonio de la humanidad.

Lo que ha pasado en las últimas semanas, cuando se han ventilado distintos nombres (para sucederlo a él en la dirección del CNMH), es que se ha puesto en público la preocupación de distintos sectores de la sociedad, ONG, del mundo de la academia nacional e internacional –en especial de Europa y de Estados Unidos-, de organizaciones internacionales, de medios de comunicación, que siguen de cerca o que acompañan nuestro trabajo. Por esto yo esperaría que pronto vayan volviendo las aguas a la calma y se escoja a personas que puedan dar una garantía de continuidad en las tareas que adelantamos. Esto es muy importante para quienes le apostaron a esto, que se han involucrado en todo este proceso, para todas las organizaciones que depositaron sus archivos y su palabra aquí, porque esta entidad les da garantías de responsabilidad, de seriedad y de cuidado de su memoria. Nos convirtieron a nosotros en guardianes de la memoria de ellos y el Estado no les puede fallar a estas comunidades. Yo esperaría que después de todo este agite lleguen unas nuevas autoridades que le den continuidad a este acumulado, que no es solo del CNMH, es de la sociedad, de la nación. Por eso hay que defenderlo.

¿Entonces el acuerdo fue más un compromiso de Gobierno que de Estado?

Desafortunadamente estamos en ese debate. Hacia adentro se ve como compromiso de Gobierno, pero desde afuera, desde naciones amigas, organismos internacionales, el Papa mismo, se ve como un compromiso de Estado, como lo han sido otros acuerdos firmados en el mundo, porque son tratados que los firma un gobierno como representante de un Estado nacional. Aquí tratan de introducir fisuras en esa conexión, que debe ser una conexión orgánica de lo uno con lo otro. Son acuerdos internos pactados con garantes y observadores internacionales.

Si bien las variaciones del contexto político introducen muchas incertidumbres sobre eso, hay otras cosas que han aflorado recientemente que me dan confianza y es que la movilización pública, social y la movilización internacional hacen que no sea tan fácil desmontar los acuerdos, ni este tipo de instituciones. Eso sería demasiado costoso para el país y para el gobierno, porque las organizaciones que están vinculadas a estos temas hoy en el mundo, de memoria y de lucha contra la impunidad y en defensa de los derechos humanos, se sienten apropiadas de lo que pasa en cualquier rincón del planeta. La paz y la memoria del conflicto en Colombia son defendidas como propias en los diversos escenarios internacionales. El mundo necesita la paz de Colombia.

Nosotros somos parte del mundo y tenemos unos compromisos internacionales que debemos cumplir, estamos inmersos en un nuevo manejo global de los conflictos, que ya no lo hace cada parlamento o cada gobierno de manera independiente, sino que se tiene que ajustar a normas internacionales y, si las violamos, las autoridades nacionales están sujetas a ser sometidas a esas instancias internacionales o a costosas condenas políticas, o a pérdida de credibilidad en otros asuntos. Si esas obligaciones globales no se cumplen, ya no hay solo una condena simbólica a un Estado, sino condenas judiciales y sanciones económicas. No le van a ayudar lo mismo a un país que todo mundo vio como ejemplo de cómo se debe negociar la paz, a un país que a los dos años diga: ‘ya no le jalamos más a esto’. Eso sería totalmente irresponsable y eso se paga. Esas cosas no se rifan así, de un día para otro, sin pagar costos.

Además, muchos países se la jugaron con el proceso en Colombia y ellos tienen que defender lo que invirtieron en esto, no solo los recursos económicos, sino también el prestigio político. El premio Nobel de Paz no es un capricho de alguien, es una apuesta política de nivel global.

¿Qué tan fuerte resulta la protección de esta institución, de su trabajo y de sus informes, frente a las amenazas de revisionismo actuales?

Las dificultades que habíamos tenido como Grupo de Memoria Histórica nos sirvieron para poder formular lo que tenía que ser normado en la Ley de Víctimas para que este trabajo se pudiera hacer. Nosotros cargábamos con esa cruz de que somos parte del Estado, entonces ¿cómo nos iban a creer? ‘Ustedes son parte de nuestros propios victimarios’, nos decían algunos. Por eso en la ley quedó claro que este es un Estado que se compromete a no hacer y prohíbe hacer memoria oficial. Por eso las amenazas de hoy sobre el Centro Nacional de Memoria Histórica están contra la naturaleza misma de la Ley de Víctimas.

Otro elemento muy importante y con el que contamos desde el comienzo (2007) como Grupo fue la garantía de autonomía para desarrollar nuestras investigaciones, esa fue una de las condiciones que pusimos para asumir la tarea, que se nos puso dentro de la Comisión Nacional de Reparación, y asumiendo que la autonomía era para definir las rutas investigativas, para definir las responsabilidades, para hacer todo el trabajo de exploración. Y eso fue respetado por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, hay que decirlo. Pero, claro, eso era frágil, porque eso sólo estaba en unas actas, no tenía el peso de ley. Y cuando dimos el paso a ser el CNMH, mediante la Ley de Víctimas, fortalecimos este aspecto de hacer valer la autonomía para las investigaciones frente a los agentes del Estado, pues insistimos que los trabajos de memoria y de verdad son patrimonio de toda la sociedad.

Quedaron consagradas otras cláusulas que resultaron a la postre muy importantes. Como la estructura de la Comisión Nacional de Reparación, y dentro de ella del Grupo de Memoria Histórica, era muy frágil, los respaldos formales para poder decidir lo que deseábamos o debíamos decir eran cruciales. Nosotros sabíamos que no podíamos individualizar responsabilidades en nuestros informes, pero había casos en que era inherente la individualización de las responsabilidades, por más cautela que tuviéramos. En ese sentido de diferenciación del espacio judicial del espacio de construcción de la verdad y de la memoria, los roces y los cruces son inevitables. Tuvimos una demanda de uno de los líderes políticos que aparecía judicialmente vinculado a la masacre de La Rochela. Fuimos judicializados toda la cúpula, toda la directiva del Grupo de Memoria Histórica, y se hubiera podido llegar a la paradoja de que los responsables seguían tranquilos, absueltos judicialmente, mientras el grupo que había enfrentado la tarea de esclarecer los hechos hubiera podido terminar en la cárcel por hacer público ese trabajo. Esto nos llevó a trabajar para que en la Ley de Víctimas se estableciera una cláusula de protección a los miembros del Centro: que no podrían ser judicializados por sus investigaciones y por la publicación de estas, porque, sin eso no se podía hacer verdad. Nuestras investigaciones son serias, son académica y jurídicamente sustentadas. Se creó una norma explícita que daba una garantía de protección y de realización del trabajo de esclarecimiento del conflicto armado en el país.

¿Pero en este momento eso es suficiente?

Nosotros somos temporales aquí, entonces nos preguntamos: ¿Cómo vamos a preparar los relevos de este trabajo? y ahí nos metimos con la línea pedagógica, que es lo que llamamos finalmente las Cajas de Herramientas, para capacitar a la gente, a las comunidades, a los núcleos universitarios regionales, para que ellos puedan asumir por su propia cuenta este trabajo y de eso han resultados ya muchos logros, como los semilleros regionales que hemos ido construyendo y que ya están asumiendo estos retos. Se trata de dejar esa capacidad instalada en la sociedad para que la memoria, por decirlo de alguna manera, siga caminando sola, sin necesidad de nosotros, teniendo en cuenta que en algún momento este trabajo se va a acabar y que el Centro puede terminar su vida legal o que las condiciones podrían hacerse muy complejas para continuar este proceso y ahí está esa capacidad. Las comunidades han demostrado que lo pueden hacer y siguen marchando por su cuenta. Lo hicieron antes de nosotros.

Gonzalo Sánchez en la conmemoración del Día Internacional de la Desaparición Forzada, en agosto de 2016. Foto: María Durán para el CNMH

¿De qué manera afecta el hecho de que los militares creen su propio proceso de memoria histórica, por fuera del CNMH?

Cuando los militares vieron en el horizonte de la negociación política entre Gobierno y FARC que algunos de ellos iban a tener que responder en un escenario de comisión de la verdad o de justicia transicional, comenzaron a hacer ajustes internos importantes, algunos para bloquear este proceso, pero otros para hacerse partícipes de lo surgido de los acuerdos y tener los mismos beneficios e instancias especializadas que los exinsurgentes.

Y para esto establecieron, en esencia, dos líneas de trabajo que tienen que ver con nosotros. Una fue montar su propio andamiaje de construcción de memoria, para lo cual diseñaron un organismo que depende del Comando General de las Fuerzas Militares (la Jefatura de Memoria Histórica y Contexto). Eso se volvió muy importante, porque para ellos al final del conflicto armado lo que queda es la preocupación de que por unos cuantos, sus hijos los puedan ver a todos como unos bandidos, como unos delincuentes. Se afanan entonces por tener un lugar desde el cual instalar su propia versión de lo que ha pasado en la guerra. La verdad de ellos está muy asociada a la idea de que fueron instrumentalizados por otros, que no han querido asumir su responsabilidad, que en últimas los militares son órganos de ejecución de directrices de otros agentes sociales y de otras instancias, que a ellos los embarcan los políticos y después, cuando hacen las operaciones, los políticos se quedan en la trastienda y a ellos les toca poner el pecho. Ese es el discurso de ellos aquí, en Cafarnaúm y en el Cono Sur. Y seguramente hay mucho de razón en ello, pero eso no exculpa para nada las responsabilidades de quienes efectivamente las tienen en violaciones de las reglas de la guerra.

Lo otro fue establecer una línea de comunicación respetuosa con nosotros. Para nosotros fue fundamental ver, con respecto a todos los procesos de paz anteriores, que un sector muy importante, determinante diría yo, de las Fuerzas Armadas le apostaba al proceso de paz. En ese contexto lo que hicieron fue buscar los espacios de conversación estratégicos con el Centro y, al mismo tiempo, ir acomodándose a la nueva institucionalidad que surgió del acuerdo. Con nosotros esta relación fue difícil pero también muy instructiva y valiosa. Ellos llegaron con la idea de que nosotros viéramos como víctimas a todos los combatientes de las Fuerzas Militares muertos a lo largo del conflicto, y nosotros les dijimos: ‘así no podemos trabajar, el mandato legal nuestro no nos lo permite; a la luz del Derecho Internacional Humanitario ustedes son combatientes y como combatientes ustedes no entran en primera instancia al trabajo de la memoria como víctimas, pero sí hay un terreno en el cuales nosotros podemos verlos a ustedes como tales y en los cuales ustedes no han sido reconocidos: es el de apartado de las víctimas de minas antipersonales. Ahí, bajo el marco del Derecho Internacional Humanitario, ustedes son víctimas, porque esas son prácticas condenadas por las leyes de la guerra’. Y así llegamos a una conversación difícil, pero que resultó tremendamente importante para nosotros y creo que para ellos, y para la sociedad en su conjunto. Esta conversación ha sido ejemplar a nivel internacional. Para nosotros, ese trabajo con las víctimas de minas antipersonal fue muy conmovedor, ahí descubrimos al soldado como un ser humano sufriente de la guerra, con impactos físicos visibles de por vida en sus cuerpos y también con afectaciones sicológicas muy difíciles de sobrellevar. Y a partir de esto surgieron varios informes (Esa mina llevaba mi nombre, 2016; La guerra escondida: Minas antipersonal y remanentes explosivos en Colombia, 2018) e iniciamos un trabajo sobre los grises de la guerra, porque no todo es en blanco y negro.

Esta experiencia nos llevó a tratar de crear una línea paralela con empresarios, para establecer sus responsabilidades, pero también para mostrarlos como víctimas, cuando lo eran. Sabemos que muchos empresarios de este país le apostaron a la guerra, financiaron escuadrones de la guerra, pero también que muchos otros fueron secuestrados, extorsionados o asesinados, por eso, fueron víctimas y victimarios.

Usted ha dicho que “existe un conflicto por la interpretación del conflicto”, ¿en qué consiste?

Esta es una de las esencias de nuestras investigaciones. ¿Quién tiró la primera piedra? Nosotros hemos estado horadando en eso y cuando empezamos este trabajo esa fue la primera discusión: ¿Por dónde vamos a comenzar?, ¿Como línea de tiempo vamos a comenzar por los años 60 (del siglo XX), por los años 30, por el siglo XIX o, como dicen los indígenas, la violencia comenzó con la Conquista? Mucha gente decía que esto había que comenzarlo en los 60, cuando nacen las guerrillas, que ahí estaba el origen del conflicto armado. Pero la insurgencia pone otra vara y dice que la guerrilla de ‘Tirofijo’ es víctima de la violencia de fines de los años 40, y recuerda que ‘Tirofijo’ se rebeló porque le asesinaron a sus padres y le quitaron la tierra. Y eso no se lo están inventando, eso es así. De esta manera uno puede seguir así tirando de la cuerda para atrás.

Ese fue un tema de discusión grande en La Habana, al hablar de la Comisión de la Verdad. Luego, con el desarrollo de las nuevas instancias, se establecieron diferentes comienzos. En la Ley de Víctimas, para el tema de las tierras, se resolvió que el comienzo sería en los años 90, por un sentido práctico, no porque no se sepa que el problema viene de atrás, sino porque económicamente eso se volvía demasiado complejo e inmanejable. Para el caso de las víctimas se miraba desde los 80 y para memoria histórica se deja abierto.

Entonces nosotros tenemos un margen más grande para mirar las dinámicas de los orígenes del conflicto. Con los indígenas, por ejemplo, trabajamos como ellos lo ven, algo de muy larga duración. Para los pueblos afro también trabajamos en la larga duración, lo que nos muestra que la superposición de temporalidades del conflicto es consustancial a la diversidad étnica del conflicto y de la poblacional de este país.

¿Ha variado la manera de abordar las investigaciones desde que se firmó el acuerdo para poner fin al conflicto entre el Gobierno y las FARC?

Mientras está en su plenitud el trabajo nuestro aparece la nueva institucionalidad surgida de los acuerdos con las FARC, una institucionalidad que va a tener que ver con estos temas de memoria, de esclarecimiento, de responsabilidad social. Surgen entonces la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que está haciendo audiencias que tiene una parte de pedagogía muy importante; está la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que tiene el trabajo tan complejo de remar a contracorriente en este contexto político en el cual estamos, y viene la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado. Esa nueva institucionalidad tiene como primer efecto que este país, que estuvo tan acostumbrado a la desmemoria, a haber ritualizado de alguna manera el olvido como una manera de resolución de la guerra, se encuentra con una multiplicidad de aparatos que lo vuelven a la necesidad de reconocimiento, de esclarecimiento. Y cuando vamos a los procesos de esclarecimiento siempre habrá ahí algo muy importante, la movilización social por la memoria. Yo hablaba de eso hace años y a mí me decían: ‘usted está loco, está sobredimensionando procesos muy locales’. Pero lo hemos sentido recientemente en el Centro Nacional de Memoria Histórica, con el apoyo en diferentes instancias. Se ha generado una capacidad de demanda de memoria muy importante dentro la sociedad que ni siquiera nosotros imaginábamos.

Los informes del CNMH han ido más allá de las cifras y de la descripción de los hechos. ¿Qué tanto ha calado esa mirada analítica y reflexiva que proponen desde aquí?

La opinión pública se mueve mucho sobre la carga explosiva que tiene una cifra y eso para nosotros fue un problema, porque eso estremece hoy pero mañana desaparece, a veces el uso que se hace de ellas dificulta la comprensión de los hechos. Y tuvimos un debate muy complejo al principio. Teníamos claro que las cifras había que construirlas, porque sin ellas es difícil definir políticas y por eso comenzamos un trabajo sistemático de buscar en todos los agentes gubernamentales, institucionales y sociales de producción de cifras y tropezamos con una enorme dispersión entre las distintas entidades y organizaciones, porque no se intercambiaban datos. Por eso podemos decir que el CNMH produjo las cifras del conflicto, porque reconocíamos que era muy importante tener esas cifras con precisión, reconociéndole a cada cual lo hecho.

Además, la sociedad no reacciona si no se le dicen las dimensiones, porque esta sociedad ha vivido en silencio la barbarie, la ha callado, ha mirado para el otro lado o no la ha sentido y piensa que eso es algo lejano. Pero cuando se la pone de frente una cifra, sí hay sectores que de pronto se sacuden. Y los medios de comunicación también son muy dados a esto, son mucho más receptivos a la contundencia de la cifra que a la búsqueda del porqué.

Considerábamos que esto era un problema, porque si soltábamos sólo las cifras la opinión pública se iba a quedar solo con esa información e iba a invisibilizar lo otro, que es la pregunta de fondo, ¿esto por qué pasa? Finalmente lo que tratamos de hacer fue compaginar esto con un trabajo de pedagogía fuerte en la sociedad, de apropiación de lo que ha pasado.

Es importante saber las cifras y las dimensiones, porque estás contribuyen mucho a resolver el asunto de las diferentes responsabilidades. Cuando tú tienes las cifras con esa rigurosidad que te permite establecer, por ejemplo, que las masacres cometidas por los paras son muchas más que las de la guerrilla y que las realizadas por agentes del Estado son menos; que los secuestros son más los de las guerrillas que de los otros actores, que la desaparición forzada es más grande por parte de los agentes del Estado y más pequeña por parte de la guerrilla, con eso se ven las proporciones de las responsabilidades y las dinámicas y complejidades de la guerra. Esto es importante sobre todo cuando hay un abanico de actores tan diverso como sucede en este país, donde no es una guerra de dos, sino de muchos actores, en la que unos tratan de esconder su responsabilidad con la de otros.

Pero hay que pensar que todas estas cifras tienen que estar llenas de sentido, llenas de interpretaciones, de apropiaciones sociales, de por qué carajos se llegó a ellas. Ese el interrogante que hay que dejar instalado, más allá de las cifras. Por qué pasó, para saber cómo afrontarlo y resolverlo.

¿Han pensado en alguna estrategia ante la indiferencia de un gran sector de la sociedad, que aún no reacciona ante la contundencia de los eventos documentados o a la que no han llegado aún los informes de la CNMH?

En algunos casos hay bloqueo social, porque hay sectores que no quieren reconocer las responsabilidades que tienen o les competen, o no quieren ver la responsabilidad de sus amigos, solo la de quienes ven como sus enemigos. Hay un problema de sociedad en el sentido de reconocimiento de responsabilidades, pero en el plano institucional es mucho más complejo. Esto tratamos de manejarlo desde muy distintas esferas. En el informe de Trujillo (2008) tuvimos un aliado muy importante, que fue la Procuraduría General de la Nación, con Edgardo Maya al frente, porque acogió nuestras recomendaciones y las volvió como órdenes para alcaldías, gobernaciones y Gobierno Nacional y todas las demás instituciones oficiales. Eso fue muy importante, porque había un órgano coactivo que le daba apoyo a este aparato investigativo que era el Grupo de Memoria Histórica. Sobre esa línea nos propusimos, en todos los informes, hacer unas recomendaciones de políticas, que en muchos casos no se ejecutaron o no funcionaron, pero por lo menos quedaron consignadas como tareas para la institucionalidad.

A la vez encontramos que lograr coordinación institucional para hacer políticas de fondo en la sociedad es extremadamente difícil. Incluso que algunas transformaciones importantes de la institucionalidad pueden resultar contraproducentes y muy paradójicas para nuestros objetivos. Por ejemplo, en el caso de la apropiación pedagógica en las escuelas y universidades, los historiadores lucharon durante mucho tiempo para evitar que hubiera manuales oficiales o una línea oficial de cómo se debe enseñar la Historia, porque esto llevaría a un modelo en el que se imponen visiones totalmente verticales, construidas desde la iglesia o desde el gobierno, es decir, versiones hegemónicas. ¿Eso cómo se resolvió? Dándole autonomía a todos los aparatos institucionales del sistema educativo para que las escuelas y los colegios armen sus propios programas y eso es una aparente democracia. Pero también es una tremenda anarquía en el sentido de que uno difícilmente puede canalizar políticas públicas nacionales para hacer algo en este sentido. Y ahí nos preguntamos ¿cómo vamos a hacer para que haya una línea de apropiación del conflicto, que vaya desde arriba, desde el Ministerio de Educación, hasta las secretarías y baje a los colegios y a las escuelas? Pues no hay forma y nos estrellamos. Trabajamos con secretarías y conversamos con el Ministerio de Educación Nacional y hubo avances y gente que nos apoyó, pero esto se volvió casi un imposible. Entonces nos fuimos por otro camino, el de buscar el apoyo de los núcleos universitarios y de investigación regional e hicimos ese trabajo de los semilleros de investigación y de los gestores de memoria, que aunque ya son un buen número, todavía son insuficientes.

Algunas víctimas y algunas regiones del país no se sienten incluidas en este proceso de memoria…

Nosotros siempre hemos insistido en que el eje privilegiado de nuestra mirada era la afectación a las víctimas del conflicto. Nunca hemos renunciado a eso, pero el proceso político nos llevó a ampliar esa mirada y a entender que la dinámica del conflicto y la resolución del mismo tenía que ocuparse sistemáticamente también de otros responsables del conflicto, que había que mirar con parámetros distintos de alguna manera en este sentido. La pepa dura de los acuerdos, y esto es lo que debe establecer la Comisión de la Verdad, son las responsabilidades dentro del conflicto. ¿Los responsables son solo los guerrilleros? Hay que preguntarse también qué pasa con los llamados terceros responsables y con los agentes del Estado, dónde y cómo van a responder. Ese debate político impactó nuestro trabajo en estos últimos años.