Desde la Corporación Región hemos insistido y trabajado para que se entienda que la transparencia en la gestión pública y el control social a la misma conforman un ambiente favorable para la prevención de la corrupción. Si bien no garantiza que no se roben los recursos, la transparencia es una virtud pública que hace mucho más difícil hacer mal uso de ellos y es una herramienta eficaz para formar buenos ciudadanos y ciudadanas.
Hay que recordar que en la actualidad hacer gestión pública transparente no es una opción, es una obligación constitucional y legal. Entre otras cosas, gracias a la presión ciudadana y al contexto internacional, hoy Colombia cuenta con la Ley de transparencia y acceso a la información pública (Ley 1712 de 2014) y con el Estatuto anticorrupción (Ley 1474 de 2011), que obligan a los gobiernos territoriales y a todo aquel que maneje recursos públicos, a dotarse de políticas y estrategias en esta dirección.
Pero además, por su importancia institucional en la vida nacional y por sus buenos desempeños en años recientes, tanto el municipio de Medellín como el departamento de Antioquia, están moral y políticamente obligados a ser ejemplo de transparencia y rendición de cuentas. No basta con que cumplan los mínimos legales, deben estar a la vanguardia en términos de buenas prácticas en estos campos.
En nuestra opinión, la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción no ocupan en los planes de desarrollo local y regional el lugar central que requiere el momento histórico actual. Si bien en ambos planes, en sus componentes declarativos generales, hay reconocimientos explícitos en esta dirección, a la hora de los programas, políticas y proyectos y de la distribución de los recursos, estos temas pasan a un lugar secundario.
En cuanto al Plan de Desarrollo Medellín cuenta con vos
En el período de gobierno anterior, Medellín quedó en deuda. Si nos atenemos a los principales indicadores en temas de buen gobierno, el Índice de Gobierno Abierto -IGA- (de la Procuraduría General de la Nación) y el Índice de Transparencia Municipal -ITM- (de Transparencia por Colombia), la ciudad obtuvo resultados mediocres en 2015 (85.54 puntos y lugar 18 entre municipios y en el tema de exposición de la información, ocupa el vergonzoso lugar 442). Sin embargo, Medellín ha sido recientemente ejemplo de innovación y de buenas prácticas, como las Ferias de la Transparencia, a las que acertadamente se da continuidad en este plan.
La transparencia como valor, efectivamente aparece entre los principios del Plan de Desarrollo, en el primero, segundo y duodécimo lugares. Estas declaraciones de principio son valiosas, pero se quedan cortas en el campo propiamente programático, ya que aparece bajo el reto Medellín bien administrada, el programa Gobierno visible, que cuenta con varios proyectos. El problema es que es extremadamente tímida la meta que se pone el plan para pasar de 85,2 puntos a 88 (p.136). El municipio de Medellín, insistimos, puede y debe estar en el nivel de excelencia por encima de los 95 puntos. Si se habla de la rendición de cuentas como un hecho periódico, la meta de 8 rendiciones de cuentas es desconcertante (p.137). La ciudad tiene las condiciones para innovar en formas de rendir cuentas en dimensiones territorial, sectorial y en temas críticos de ciudad, de forma tal que rendir cuentas se vuelva una estrategia cotidiana, permanente y que circula por múltiples canales a la vez, como debiera ser. El proyecto de lucha contra la corrupción es difuso y a la hora de medirse, se reduce a 3 (¡!) auditorías a la vista (p.138). También aquí sorprende la falta de exigencia de la administración sobre sí misma.
Existe también bajo el mismo reto, el programa Transparencia como modelo de gestión. Es plausible su aparición, pero cabe la misma anotación, pues para Medellín sólo es aceptable estar en el nivel de excelencia (encima de 95 puntos); todo lo demás sería retroceder. El indicador de Procesos de convocatoria pública con un único oferente (p.140), si bien es un objetivo importante, no basta para dar cuenta de los resultados de las Ferias de la Transparencia, que pueden ser aprovechadas mucho mejor para: rendición de cuentas, ampliación de la base de empresas oferentes de servicios y productos a la administración, promoción de cultura ciudadana y alineamiento de los servidores públicos con las políticas de la administración, entre otros resultados.
Sobre el Plan de Desarrollo Antioquia piensa en grande
Distinto a lo ocurrido con Medellín, el departamento de Antioquia obtuvo los mejores resultados en sus prácticas de buen gobierno y transparencia en 2015, ocupando el primer lugar en ambos índices, IGA e ITD (incluso en cada uno de sus componentes), lejos de los demás entes gubernamentales medidos. Esta buena práctica debe preservarse. Aunque no se reconoce en el texto del plan presentado a la Asamblea, el Departamento está obligado a mantenerse en el primer lugar de transparencia, rendición de cuentas e indicadores de gobierno abierto, como ocurrió en los años anteriores.
Ahora bien, dentro de los componentes generales del PDD, hay un reconocimiento de la importancia del tema. La transparencia es un valor que aparece en los principios, atado a conceptos como: rectitud y trabajo, lo público como responsabilidad general y la rectitud como ejemplo de vida. Hay también alusiones explícitas al combate a la corrupción en varios lugares del texto (p. 30). Este tipo de declaraciones son importantes y hay que reconocer que están a la altura de lo que hoy se necesita.
Sin embargo, encontramos dos problemas: la incongruencia entre estas declaraciones y el planteamiento programático dentro del plan, que claramente no tienen relación. Ni siquiera se menciona la Ordenanza que obliga al departamento a hacer las Ferias de la Transparencia por ejemplo, y aquellos lugares donde se aterrizan las acciones son decididamente secundarios: Transparencia y lucha frontal contra la corrupción es el programa 7, del segundo componente (Fortalecimiento Institucional), de la séptima línea y, además, su responsable es la Gerencia de Control Interno; es decir, el lugar institucional más lejano del despacho del Gobernador. Algo similar ocurre con los programas Gestión de la información temática territorial como base fundamental para la planeación y el desarrollo (Programa 4, del componente de Direccionamiento estratégico) y Fortalecimiento del acceso y la calidad de la información pública (Programa 2, del Componente Gobierno de cara a la ciudadanía). Lo que es central en las declaraciones generales resulta secundario y opaco en los planes y programas.
Y el segundo problema es que en los diagnósticos se desconoce, casi por completo, lo realizado en el período de gobierno anterior, característica que atraviesa todo el plan. Da la sensación de que para Antioquia Piensa en Grande, no existió Antioquia la más educada y este es un olvido inaceptable en el sector público. Por ejemplo, sobre los temas de transparencia lo único que reconoce es que “En el índice de Gobierno Abierto -IGA- la Gobernación de Antioquia ocupó en el 2013 el segundo lugar con 87,6 (…).” (P. 297, Anexos Parte 1) ¿Por qué razón no toma como referencia para su trabajo y sus metas los resultados de 2014 y 2015, en donde Antioquia ocupó el primer lugar en el país? En sana lógica, estos y no otros debieran ser los puntos de partida para formularse nuevas metas y retos.
De conjunto
Es plausible el reconocimiento explícito que se hace en la parte declarativa de ambos planes, acerca de la importancia de la transparencia y la lucha contra la corrupción como ingredientes del plan de desarrollo. Sin embargo, estas declaraciones no guardan relación con la parte programática. En el caso de Medellín, por la falta de exigencia al proponerse metas mediocres y en el caso de Antioquia, porque el compromiso queda reducido a un tema claramente secundario y en manos de una dependencia cuya misión es el control y no la promoción de acciones políticas en el corazón de la administración.
La Corporación Región sugiere que para subsanar este déficit, se convoque a un acuerdo público a los principales actores políticos, económicos, sociales y culturales de la región para hacer de la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción asuntos centrales y del día a día de ambas administraciones.
