Opinión

Miércoles, 31 Octubre 2018 14:26

Editorial. El deber de la memoria debe preservarse

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Tomada de: Centro Nacional de Memoria Histórica Tomada de: Centro Nacional de Memoria Histórica

Las nominaciones a la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica, en remplazo de Gonzalo Sánchez, dan cuenta de que la memoria es, para un sector de la sociedad, un nuevo campo de batalla. Postular personas sin idoneidad académica, con ánimos revanchistas que desconozcan el valor de lo construido, es hoy una amenaza real.

En el año 2005 fue aprobada la Ley de Justicia y paz (ley 975) orientada a “la incorporación de los grupos organizados al margen de la ley”. Esta ley consagró por primera vez en la normativa nacional, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Creó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y, bajo su dependencia, el Grupo Nacional de Memoria Histórica con la misión de dar cumplimiento a lo que se denominó El Deber de Memoria del Estado: “El conocimiento de la historia, las causas y consecuencias de las acciones de los grupos al margen de la ley”. La dirección de este grupo se encomendó a Gonzalo Sánchez, uno de los grandes intelectuales del país y quien presidió, años atrás, la Comisión de estudios Sobre la Violencia (1987) y la Comisión de Superación de la Violencia (1992).

El profesor Gonzalo Sánchez se rodeó de lo más granado de la intelectualidad colombiana para ese enorme propósito; hicieron parte de este primer grupo: María Victoria Uribe, Rodrigo Uprinmy, Fernán González, Pilar Riaño, Patricia Linares, Jesús Abad Colorado, Iván Orozco, María Emma Wills, Martha Nubia Bello, Absalón Machado, Teófilo Vásquez, entre otros. Durante varios años se dedicaron a la documentación de casos emblemáticos que, a diferencia de los estudios de las comisiones anteriores, tuvieron como eje la centralidad del relato de las víctimas. Así, informes como los de Trujillo, El Salado, Bahía Portete, Bojayá, La Rochela, comenzaron a nombrar y develar relatos profundos de dolor, horror y sufrimiento, padecidos de manera silenciosa por poblaciones y territorios victimizados gracias a las acciones de guerrillas, paramilitares y sectores de la fuerza pública que, en su lucha por el control de territorios y el propósito de diezmar al enemigo, asesinaron, secuestraron, desplazaron, y desaparecieron miles de personas que tenían como rasgo común, pertenecer a la sociedad civil desarmada, inerme.

En 2011 La Ley de Víctimas retomó el concepto “Deber de la memoria del Estado”, en un sentido más amplio: “propiciar las garantías y condiciones necesarias para que la sociedad, a través de sus diferentes expresiones tales como víctimas, academia, centros de pensamiento, organizaciones sociales, organizaciones de víctimas y de derechos humanos, así como los organismos del Estado que cuenten con competencia, autonomía y recursos, puedan avanzar en ejercicios de reconstrucción de memoria como aporte a la realización del derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto” (Artículo 143, ley 1448). Según esto, se trataba no de producir una verdad oficial, sino de propiciar que la sociedad produjera, con el impulso del Estado, múltiples memorias, a muchas voces.

El Centro Nacional de Memoria Histórica fue la institución creada por la nueva ley para este fin y dio continuidad a la labor del Grupo de Memoria Histórica. Desde entonces, además de la producción de múltiples informes, se elaboró el relato más completo del conflicto armado en Colombia: ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad (2013), en el que, además de ofrecer unas hipótesis explicativas sobre el origen y persistencia del conflicto armado en Colombia, se describen las formas de victimización, los múltiples impactos en la población y los territorios y, además, el enorme repertorio de acciones y respuestas surgidas desde la población para resistir. De este mismo ejercicio surge la más importante base de datos sobre las víctimas del conflicto armado, a partir no solo de fuentes oficiales (Unidad de Víctimas, Medicina Legal) sino de la información generada a lo largo y ancho del territorio nacional por cientos de organizaciones que, durante años, han documentado el conflicto armado desde el testimonio y la palabra de quienes lo han padecido. Gracias a esto hoy sabemos que hasta la fecha, en Colombia fueron asesinadas selectivamente 177.710 personas, que 37.165 sufrieron el secuestro; 80.472 la desaparición forzada; 15.738 la violencia sexual; 4.744.046 desplazamiento forzado; que se cometieron 4.210 masacres que dejaron 24.447 víctimas; ¡las cifras del horror y la vergüenza! (Ver cifras)

También se crearon las bases para el Museo Nacional de Memoria Histórica, un espacio que será central en la construcción de una narrativa de país que incorpore, a la historia nacional, el conflicto armado, sus impactos, sus experiencias. La exposición itinerante, “Voces para transformar a Colombia”, que se presentó en las ferias del libro de Bogotá y Medellín, es un buen ejemplo del tipo de memoria que se quiere construir: una narración desde los territorios, a múltiples voces, con diversos lenguajes que habla de las pérdidas, del sufrimiento, pero también de la resistencia y de la acción colectiva y de todo lo que ha hecho que, después de décadas de conflicto armado, no hayamos sucumbido como nación.

En el archivo Nacional de Derechos Humanos, como una medida conducente a garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, se ha avanzado no solo en la construcción de una política pública sino en el acopio de valiosos archivos de organizaciones sociales que narran sus trayectorias, sus luchas, resistencias y los impactos del conflicto armado.

De otra parte, el Centro Nacional de Memorias Histórica ha recogido y sistematizado el testimonio de miles de ex miembros de la AUC que hicieron parte del proceso de desmovilización y de los acuerdos de la verdad firmados con el gobierno nacional. Se trata de excombatientes rasos, en proceso de reintegración que quieren contribuir de manera voluntaria a la verdad de este país. También, a través de diversas acciones, han impulsado un conjunto de iniciativas de memoria, adelantadas por organizaciones sociales, organizaciones de víctimas, artistas, pobladores, a través de una multiplicidad de formatos y lenguajes que han permitido que la memoria hoy no sea solo un derecho, sino una práctica viva desde los territorios.

Desde La Corporación Región hemos estado cerca del Grupo de Memoria Histórica y del Centro Nacional de Memoria Histórica, participando de la producción de varios de sus informes (San Carlos, Granada, San Rafael, Comuna 13, y El Informe General de Memoria Histórica de Medellín) y podemos dar fe de que, el único principio desde el que se nos ha interpelado, es el del tratamiento digno de las víctimas, la rigurosidad y la veracidad (todo lo que se afirma debe ser comprobado), la pluralidad de las voces, el igual tratamiento a todos los actores. Ninguna restricción con respecto a lo que hay que decir y mucho menos presión para silenciar alguno de los hallazgos.

Por eso, sin duda, podemos decir que el Centro Nacional de Memoria Histórica ha cumplido su mandato; y lo que ha construido es un patrimonio de la sociedad. Nos corresponde a todos velar porque ese deber de la memoria, siga siendo observado. Para quienes han estado al frente de esta labor, con trayectoria especialmente en la academia, esta no ha sido tarea fácil. Representar a un Estado con tantas falencias, con tantas deudas, con tantos claroscuros, es un reto enorme. Pero lo hicieron, y en ese sentido, cumplieron con el Deber de Memoria del Estado. ¡Para ellos nuestra admiración y Gratitud!

Para nosotros, ahora lo que sigue es la defensa de este patrimonio. Las nominaciones a la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica, en remplazo de Gonzalo Sánchez, dan cuenta de que la memoria es, para un sector de la sociedad, un nuevo campo de batalla. Postular personas sin idoneidad académica, con ánimos revanchistas que desconozcan el valor de lo construido, es hoy una amenaza real. Por eso, vale la pena recordar la advertencia formulada en la propia ley de víctimas:

“En ningún caso las instituciones del Estado podrán impulsar o promover ejercicios orientados a la construcción de una historia o verdad oficial que niegue, vulnere o restrinja los principios constitucionales de pluralidad, participación y solidaridad y los derechos de libertad de expresión y pensamiento. Se respetará también la prohibición de censura consagrada en la Carta Política” (parágrafo, articulo 143).

¡Velar porque así sea, ¡será nuestra tarea!

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Como manifestación de reconocimiento y gratitud, varias organizaciones sociales y universidades de Medellín rendiremos homenaje al Centro Nacional de Memoria Histórica y a quienes han hecho parte de la construcción del mismo. La cita es el viernes 02 de noviembre a las 4:00 p.m. en el Museo de Antioquia.