El pasado jueves 15 de julio, nuestro compañero Fernando Zapata, coordinador del proyecto Control social por el Derecho a la ciudad y al Territorio, fue invitado al Concejo de Medellín para hacer una intervención en el marco del debate sobre la implementación de la Política de Protección a Moradores. A continuación, compartimos sus palabras.

"Cordial saludo, para la comunidad que nos acompaña hoy y hace parte de todo este proceso, para servidores y funcionarios públicos, para quienes conforman el Concejo de Medellín, en particular al concejal Daniel Duque y las concejalas Lina García y Dora Saldarriaga, quienes han propiciado este espacio tan importante.

Lo primero que quiero mencionar es que hemos escuchado hoy testimonios de muchas comunidades afectadas, y aquí no está ni la mitad de las comunidades que requieren protección a moradores. Eso da cuenta de que efectivamente estamos viviendo una tragedia también, por motivo de esto.

La política pública de protección a moradores no fue un regalo, ni fue una invención de ningún funcionario, fue una lucha continuada durante muchos años: 2014 para que quedara en el POT (Plan de Ordenamiento Territorial), 2019 para que efectivamente existiera un acuerdo municipal, 2021 para que se reglamentara. Incluso, actualmente el Movimiento por el Derecho al Campo y la Ciudad que hoy se encuentra aquí presente, está trabajando sobre un proyecto de ley. Hoy las comunidades están aquí demostrando que tienen muy claro lo que significa la protección a moradores y porqué es necesaria.

Esto parece contrastar con la actuación de la Alcaldía de Medellín, a quien le corresponde la implementación de esta política. Y es que hay que decir de manera muy clara ¿qué significa una política pública de protección a moradores sin presupuesto? ¡Seguramente muy poco! Se está generando una interpretación inadecuada de lo que debería ser la protección a moradores, se le está reduciendo a mecanismos que agrupan procedimientos que existían desde antes de la política pública; sin lugar a dudas un grave error. Pero además se está reduciendo a protocolos desarticulados que no generan garantías efectivas.

Y hay que recordar porqué se dio la movilización por la protección a moradores. Precisamente fue para mitigar las afectaciones que está generando la construcción de obra pública en Medellín, para complementar la atención de riesgo de desastre, y para prevenir el despojo, por sobre todo.

Es por eso que la política pública de protección a moradores tiene que ser garantista, porque efectivamente vivimos en una ciudad que tiene no solamente un problema grave con la forma en que entiende el desarrollo, tenemos un problema gravísimo con el modelo de ciudad, que está generando la reproducción de inequidad estructural, a costa de decir que se genera desarrollo. Hay una afectación que está generándose sobre todo hacia las personas más vulnerables, y hay que reconocer entonces que la implementación del modelo de ciudad genera víctimas, como ya lo han dicho reiteradamente en este espacio.

Baste con recordar que Medellín es, por ejemplo, la segunda ciudad más inequitativa del país, y que Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo, y eso da cuenta de la magnitud del problema que tenemos entre manos. Hay una reproducción y profundización de la desigualdad y de la injusticia socio-territorial que hay que atender de manera urgente.

De no hacerse una adecuada protección a moradores, muy seguramente el desarrollo urbano en Medellín entrará en crisis, por diferentes asuntos, entre ellos, porque la gestión del suelo urbano no podrá hacerse por dos asuntos como mínimo: primero, porque donde lleguen esas obras siempre habrá una comunidad afectada y por tanto generará protestas e impedirá que esas obras avancen; y segundo, porque la no implementación efectiva de la política pública de protección a moradores, expone a la Alcaldía de Medellín a medidas legales por parte de estas comunidades. Esto evidencia que la protección a moradores ya no es una opción ¡es una necesidad!

Se requiere entonces de la voluntad política para que se genere una política garantista de protección a moradores, que garantice como mínimo, información adecuada a las comunidades, participación, garantía al derecho a la vivienda digna y adecuada, protección de medios y modos de vida. Se requiere complementar además con otras políticas, y hay que mencionar aquí que, por ejemplo, la política pública habitacional es absolutamente inadecuada para garantizar la protección a moradores, si no avanzamos hacia allá, todavía no tendremos efectiva protección de ello. Además, hay que decirlo también con las políticas de participación, gestión de riesgo, mejoramiento integral de barrios.

Y se requiere una gestión de la participación en plusvalías, para tener efectivamente con qué financiar todo lo que esto significa, porque sí, generar la implementación de un modelo de ciudad garantista de derechos es muy costoso, lo que pasa es que hasta aquí, quienes han asumido parte de ese costo han sido las comunidades, y eso es lo que no puede volver a pasar.

Quiero cerrar con un fragmento de la Carta de Amor a la Inteligencia, del Movimiento de Pobladores, generada en el año 2018, que dice: … El desarrollo no es inteligente, si se edifica sobre el dolor. Por eso exigimos que se genere la garantía de la protección a moradores.

¡Porque sí tenemos derecho a esta ciudad!

Muchas gracias."