La seguridad ciudadana en debate
Éste es el último editorial escrito por Jorge Bernal para la revista Desde La Región N 52, septiembre de 2010.
Terminado el segundo periodo del gobierno de la seguridad democrática, consideramos de suma importancia ventilar en nuestra Revista este tema crucial para todos y fundamental para quienes trabajamos por mantener y recuperar elementos sustantivos de la democracia, del Estado de Derecho y del respeto por los derechos humanos. La llegada del nuevo gobierno es una oportunidad para que en el país y la sociedad discutamos, cuestionemos y generemos cambios en la lógica con la que dicha política ha sido implementada.
Los dos conceptos: “la seguridad” y “la democracia”, nos remiten tanto al sentimiento de bienestar que determina actitudes y comportamientos individuales y colectivos, como a la organización, a las instituciones y a las condiciones materiales necesarias para crear ese estado de bienestar y tranquilidad1. Son muchas las variables generadoras de intranquilidad y malestar: el hambre, la enfermedad, la ignorancia, la delincuencia, el terrorismo, la represión, los desórdenes civiles y las guerras, el secuestro, el desempleo, el narcotráfico, la falta de vivienda, la exclusión del disfrute de libertades y condiciones materiales y políticas que permitan a cada ser humano, intervenir y participar en las políticas locales y nacionales, que le garanticen el goce de formas de organización en las que pueda desplegar su capacidad para protegerse de los riesgos que amenacen su seguridad y la de sus comunidades.
Sin embargo, las fuentes oficiales se apoyan estrictamente en los resultados cuantitativos de algunas de estas variables para mostrar los grandes éxitos de su política. Desde esta perspectiva no se cuestiona el cómo se logran las cosas, los medios que se utilizan, qué tan democráticos y respetuosos son de los derechos humanos; lo importante es mostrar resultados. Así las cosas, vamos a referirnos a algunas cifras y después, comentaremos el enfoque, las estrategias y los métodos aplicados.
En el periodo 2002-2009 el número de homicidios, secuestros y atentados terroristas, para tomar tres indicadores de un reciente informe del Departamento Nacional de Planeación2, disminuyeron de manera significativa3. Sin embargo, la gran disminución se produjo entre el 2002 y el 2005, es decir, en los últimos cuatro años, la reducción de homicidios no fue tan relevante4.
Si centramos el análisis en las cifras, hay que hablar de dos periodos. Entre el 2002 y el 2006 con importantes mejoras en estos indicadores de seguridad, y entre el 2007 y el 2009 con resultados mediocres. En el primer periodo se mezclan el accionar de guerrilleros y paramilitares (gran parte de las masacres ocurridas en el país fueron ejecutadas por éstos, lo que subió el número de homicidios), y de atentados terroristas, y en alguna forma de secuestros (es evidente la mayor responsabilidad de las guerrillas).
Al desmovilizarse buena parte de los grupos paramilitares en el 2005, era lógico que bajaran las tasas de homicidio y otros delitos cometidos por ellos. Esto y los golpes a las guerrillas, mejoran los resultados entre 2005 y 2006. Desde el 2007 los principales responsables de los delitos son las guerrillas, los paramilitares no desmovilizados y los nuevos grupos criminales que se van consolidado del 2008 en adelante. Con el poco avance de la ley 975, el fracaso de la llamada desmovilización y el resurgimiento y activación del paramilitarismo y las bandas narco-paramilitares, estos y otros delitos, vuelven a crecer o se mantienen entre 2008 y 2009, periodo en el que los homicidios en las principales ciudades del país se incrementan hasta lo que va del 20105. En Medellín se registra un crecimiento del 23% en el número de homicidios desde 2009 y lo corrido del 2010 , de esta manera, el gran logro que es la reducción de los homicidios, se estanca y vuelve a subir de manera similar aunque con tasas menores en Cali, Barranquilla, Cartagena y Bogotá.
Es innegable que los grupos guerrilleros han sufrido importantes golpes militares y políticos; cayeron muchos jefes nacionales y regionales, otros tuvieron que replegarse a lo más profundo de la selva buscando las fronteras; aumentaron sus vínculos con el narcotráfico y perdieron la poca legitimidad que algún día tuvieron, pero es evidente que la “culebra del terrorismo” es de varias cabezas y sigue viva6.
La gran pregunta es ¿cómo se debe enfrentar y derrotar el delito, la corrupción, los grupos armados ilegales, preservando la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos?, en otras palabras, ¿cómo construir un orden público democrático que garantice las libertades ciudadanas fundamentales y fortalezca la institucionalidad democrática?
En los dos mil novecientos veinte días del gobierno saliente, no se encontró la respuesta a esta pregunta pues la seguridad democrática se redujo a aumentar el pie de fuerza y a combatir el terrorismo sin importar los medios. Muy al contrario, en estos ocho años, se debilitaron la democracia y el Estado de Derecho y no se garantizaron los derechos humanos de miles de personas. Desde la dirección del Estado se patrocinaron estas violaciones: se incrementaron crímenes de Estado como las ejecuciones extrajudiciales (mal llamadas “falsos positivos”) y la desaparición de líderes, activistas y opositores al régimen; se distorsionó completamente el papel y la función del DAS y se le usó en procedimientos ilegales de seguimiento, hostigamiento e interceptación a integrantes de las altas Cortes, a miembros del Congreso y de partidos políticos, a periodistas y activistas de derechos humanos; se crearon zonas de “seguridad” y procesos de empadronamiento donde las fuerzas militares fueron juez y parte. No se depuró el Estado, incluida la fuerza pública, de la infiltración de grupos mafiosos y paramilitares.
La guerra contra el terrorismo se volvió el tema central, el motivo, lo más importante, la razón de ser de este gobierno que no escatimó ni métodos ni formas ni procedimientos. Para ganarla, se hizo y permitió todo, incluso se involucró a la población en el conflicto por la vía del pago, de la recompensa económica. En lugar de suscitar una cultura democrática y una ética civil que llevara a la ciudadanía a rechazar a los protagonistas de los actos ilegales y criminales, apoyando las acciones legítimas del Estado y de la fuerza pública, como producto de su conciencia, de su responsabilidad y compromiso con la democracia, lo que promovió fue la delación a cambio de dinero. Cuando un Estado viola los derechos y promueve o acepta los crímenes de lesa humanidad, pierde su legitimidad, su autoridad política y moral. Hay suficientes testimonios de los efectos nefastos y de las consecuencias que esto genera.
La lógica de la seguridad tampoco se acompañó de una presencia activa e integral del Estado en las zonas liberadas del dominio de los grupos armados ilegales. El propósito de acabar al enemigo y sacarlo de su nicho, no alcanzó para que las comunidades le vieran la cara económica, social y cultural al Estado. Los campesinos pobres, los colonos, los indígenas, habitantes de estos territorios, siguen en el mismo o peor estado de pobreza y de exclusión, en muchos casos perdieron sus parcelas (que pasaron a manos de paramilitares y grandes propietarios) y fueron expulsados, lanzados a engrosar el número de desplazados en las ciudades donde la seguridad se limitó a incrementar la fuerza pública e involucrar en la guerra a sectores de la población (estudiantes, taxistas, comerciantes) en calidad de soplones remunerados.
Como lo señalan los articulistas de este número, en sus análisis, investigaciones y reflexiones sobre conceptos, lógicas y prácticas de la Seguridad en diferentes países y ciudades, el enfoque de la llamada seguridad democrática está muy lejos de nociones como la de Seguridad Humana propuesta desde las Naciones Unidas para tratar de garantizar una mirada más compleja e integral de la Seguridad Ciudadana.
La Seguridad Humana implica restituir a cada actor social su deseo y su poder para crearse, cuidarse, asociarse, actuar y construir vínculos, lazos, relaciones interpersonales estimulantes, acogedoras, valoradoras de la vida y de la acción individual y colectiva dentro de un conjunto de redes sociales con intereses que les caractericen o les diferencien, en las que se establezcan inter regulaciones, donde el respeto mutuo y la reciprocidad puedan erradicar de la casa, la empresa, las instituciones, la calle, las organizaciones, prácticas antidemocráticas basadas en la dominación, la subordinación y el sometimiento al autoritarismo de un patriarca, heroico y salvador.
La seguridad ciudadana es un asunto de todos, lograrla requiere desarrollar una conciencia ciudadana desde la que se elaboren modalidades y formas de integrarse y participar en la democracia, ejerciendo control social y haciendo que la justicia funcione, los deberes se asuman y los derechos se garanticen.
Pensamos que el momento es muy oportuno para este debate y esperamos que los artículos que se presentan, aporten elementos y alternativas para la necesaria deliberación pública que debemos propiciar para que el nuevo gobierno realice los ajustes indispensables a lo hecho en estos ocho años.
El debate está abierto.
1. Annie Vinokur, Mundialización, competitividad y seguridad humana. EADI, 8° Conferencia Ge¬neral Viena 11-14 septiembre, 1996.
2. Avances y retos de la política social en Colombia (2010). Departamento Nacional de Planeación.
3. Los homicidios bajaron de 28.837 en 2002 a 15.817 en 2009. El secuestro, entre 2002 y 2009 pasa de 2.882 a 213, pero del 2006 en adelante la reducción no es tan notable, de 687 en 2006 a 521 en 2007 y a 438 en 2008. Respecto a los atentados terroristas se registran 1.645 en el 2002 y 307 en el 2009. Pero desde el 2007 se mantienen casi iguales: ocurren 316, suben a 347 en el 2008 y, en el 2009 bajan a 307.
4. Al mirar las cifras se aprecia un nivel muy similar, en su orden, 17.277 en 2006; 17.198 en 2007; 16.140 en el 2008 y 15.817 en el 2009).
5. De 726 homicidios en el 2009 se sube a 887 en el 2010.
6. Fernando Londoño Hoyos, primer Ministro del Interior y de Justicia de Álvaro Uribe, comprometió ese gobierno a que al final del mismo, el terrorismo y el narcotráfico se habría acabado en Colombia.
