Si bien la implementación del Acuerdo de Paz es un proyecto nacional de reconstrucción social, cultural, política y económica a largo plazo, para este informe es de especial interés la mirada territorial, que pretende atender las dinámicas locales de una guerra de más de 60 años. Son muchas las tareas que tienen los diferentes sectores sociales del país para la consolidación de la paz, y tal vez, una de las más importantes sea establecer lazos de coordinación política y técnica en los ámbitos de gobierno local, departamental y nacional, de modo que las prioridades gubernamentales contengan los intereses colectivos de los territorios y pueda garantizarse los derechos constitucionales de los y las colombianas, y la construcción de una paz estable y duradera.
El 24 de noviembre de 2018 se cumplieron 2 años de implementación del Acuerdo para la terminación definitiva del conflicto, firmado por el Estado colombiano y las FARC-EP. Como se especificó en el primer informe de balance, “Cómo va la implementación del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC”, elaborado en julio de 2018, la firma de este Acuerdo ha representado una serie de transformaciones para la sociedad colombiana, algunas de las más destacadas son la desmovilización y reincorporación a la vida civil de tantos hombres y mujeres que cambiaron sus armas por proyectos educativos, productivos, políticos, entre otros; la posibilidad de hacer oposición desde la política y no desde las armas, y la transformación de cientos de territorios colombianos, antes vedados por la guerra.
El presente documento, expone algunas estimaciones generales sobre el panorama nacional de implementación, ideas sobre el concepto de paz territorial y su pertinencia, información sobre los instrumentos territoriales que establece el Acuerdo y sus limitaciones, y hace un acercamiento a los esfuerzos de las administraciones locales del Valle de Aburrá en clave de la construcción de paz territorial. La información que se presenta aquí tiene por objetivo visibilizar el contexto de Antioquia, departamento con mayor acumulado de víctimas del conflicto armado en el país, 1.153.197 según el Registro Único de Víctimas RUV, a fecha de corte del 1 de enero de 2019, y la subregión del Valle de Aburrá, que concentra gran parte de la población víctima de desplazamiento del departamento.
Este informe reitera que la construcción de paz es un camino que necesita recorrerse de forma articulada e incluyente a todos los sectores sociales, todas las instancias de gobierno y agentes internacionales. La pluralidad de actores es un aporte al brindar ideas y estrategias para responder de forma creativa a urgencias sin perder de vista un futuro claro, construido de forma colectiva. Aquí destaca una visión de paz territorial que concibe el territorio como una institucionalidad no solo compuesta por autoridades locales sino también por agentes sociales y políticos, que deberían participar en el pacto de normas y estrategias encaminadas a la implementación de lo acordado, atención de las secuelas del conflicto bajo soluciones a largo plazo y desarrollo de garantías de no repetición.
Con este informe, esperamos seguir aportando elementos para acercar a la ciudadanía a lo establecido en el Acuerdo de Paz, y las implicaciones de este Acuerdo en la construcción de paz territorial.
