Por: Juan Carlos Cardona

Magister en Estudios Políticos, Docente orientador en educación básica y educación universitaria en la ciudad de Medellín, y voluntario de la Corporación Región.

La ciudad es el motor del desarrollo a nivel mundial, a través de ella se miden los niveles de desarrollo y subdesarrollo de cualquier sociedad, los académicos al respecto sugieren que las Ciudades Globlales, termino introducido por Saskia Sassen en el año 1991, serán las causantes del advenimiento de un nuevo orden mundial reemplazando la importancia de los Estados. Por eso para recorrer la historia del mundo la lupa de estudio deberá ser la ciudad. Veamos:

Las barriadas surgidas en el siglo XIX tras el desarrollo industrial van a caracterizar un fenómeno que se ha extendido en Latinoamérica durante el siglo XX, el nacimiento de barrios marginales periféricos, con los cuales se aumenta los problemas de segregación y encasillamiento espacial (Cepal, 2005). En palabras de (Gravano, 2005) El crecimiento fabril trajo como consecuencia una profundización de la segregación territorial tradicional, en tanto que la burguesía construyó barrios residenciales y comerciales donde habitaron cómodamente; pero los trabajadores y los sectores no integrados a los empleos bien remunerados fueron desplazados a barrios pobres y segregados donde vivían o más bien “sobrevivían” en forma hacinada y lejos de los servicios públicos dignos.

Estos barrios marginales periféricos conocidos como las favelas en Brasil, los ranchos de Caracas, los tugurios en Colombia, barriadas o pueblos jóvenes en Perú, conventillos en Chile o ciudades pérdidas en México (Mendez, 1998), demostraron el contraste notorio al interior de las mismas ciudades latinoamericanas, de un lado crecían barrios económicamente activos y de otro barrios con escasos recursos que recibían los migrantes y marginados, cabe anotar que es un fenómeno que se sigue presentando e intensificando en pleno siglo XXI.

La polarización en América Latina resultó del principio de estructuración espacial más importante seguido por otro principio subordinado: el del crecimiento celular fuera del perímetro urbano (Borsdorf , 2003), desde el cual aumentaron las desigualdades de ingreso y de acceso a las ofertas urbanas entre la poblaciòn. Segùn (Enriquez, 2011) en la década del ‘70, el 50% de los habitantes de Recife, el 30% de Río de Janeiro, el 49% de Guayaquil, el 49% de Caracas y de Lima vivían en asentamientos urbano –marginales, lo que conllevo a una pérdida o debilitamiento de las identidades y referencias con respecto a la representación polìtica y a la instituciones políticas que actuaban en los territorios (Cepal, 2005).

Colombia no escapa a esta realidad, según el Centro de Estudios Urbanos (CEUS) de la Universidad del Rosario, nuestro país vive actualmente un proceso de desplazamiento masivo: cerca del 74% de su población habita en zonas urbanas y lo más preocupante es que esta tendencia va en aumento. Este fenómeno ligado a otros como la violencia urbana y la llegada masiva de inmigrantes, está colapsando las dinámicas urbanas y violentando el derecho a la ciudad de los mismos ciudadanos.

Uno de los casos más visibles que evidencian este fenómeno de congestión urbana es el que se presenta en los sectores El Pinar y Manantiales, en límites entre los municipios de Bello y Medellín del Área Metropolitana; en estos sectores se viene presentando hace 20 años el asentamiento de población desplazada más grande de nuestro país, el cual cuenta con más de 25.000 pobladores, sus resistencias por vías jurídicas y simbólicas, han permitido hacer frente a los intentos y la ejecución de desalojos como el ocurrido en el sector altos de Oriente en el 2003.

La no presencia del Estado se ve reflejada en carencias básicas como el agua potable, alcantarillado y luz, lo que ha llevado a los pobladores de estos sectores a presentar una acción popular por el derecho al agua potable, o contra el municipio de Bello, las Empresas Públicas de Medellín, el Departamento de Antioquia y el Ministerio de Vivienda-Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, por ser entidades responsables en mayor o menos medida, de garantizar los derechos que se invocan en la acción como vulnerados o violados.

Con esta esta acción popular se busca que se protejan los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la seguridad y salubridad públicas, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, y el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; además de argumentar el derecho fundamental al agua. Se pretende lograr la instalación de los servicios de acueducto y alcantarillado, inicialmente en los sectores “El Pinar” y “Manantiales”.

El Pinal y Manantiales con relación a sectores del municipio de Bello y Medellín presenta una atraso que se podría equiparar a 50 años, es decir, mientras estamos en el 2019 los pobladores del Pinal se encuentran en 1969; ridículamente sectores que miran a la ciudad más innovadora del mundo desde los cerros paupérrimos del abandono. El Derecho a la Ciudad se debe convertir en el eje central de las políticas públicas de cara a las futuras elecciones de alcaldes en el Área Metropolitana, avanzar en la presencia estatal a través de la institucionalidad que busque garantizar condiciones de vida digna para los ciudadanos es el verdadero motor que mide los niveles de desarrollo de una sociedad, no podemos seguir respondiendo a situaciones politiqueras y pendulares que se mueven a la luz de intereses mezquinos de las clases políticas tradicionales locales, pensar que nuestro único problema es la seguridad, hace olvidar que es el mismo Estado quien condena a la muerte a sus ciudadanos no brindando condiciones para el mínimo de existencia, lo que nos lleva a pensar en la criminalización estatal del viejo Leviatán, la seguridad no se mide con pie de fuerza, la seguridad se mide con garantía de derechos que se traduce en presencia institucional en todo sentido no solo con brazo armado.