Sin embargo, entre muchas personas de nuestro país, habitantes de las ciudades y centros urbanos, existe la noción de que los acuerdos que se logren establecer con estas dos organizaciones guerrilleras no significarán mayores cambios para sus vidas en cuanto a sus factores de inseguridad cotidianos. Se percibe que las fuentes de sus riesgos no se originan en la acción de estos grupos armados, sino en las prácticas de control e intimidación que ejercen diferentes organizaciones criminales que actúan en la mayoría de las ciudades colombianas, o por los actos de violencia cotidiana que se presentan en torno a las relaciones de convivencia. Esta situación es aún más significativa si se tiene en cuenta que alrededor del 74% de la población vive en zonas urbanas.
Es notable que las agendas de negociación, tanto la que se estableció con las FARC como la que se conoce con el ELN no tienen un centro de interés en las ciudades. Esto no significa que un posible acuerdo de paz no vaya a tener ninguna incidencia o que sea igual con guerra o sin ella, pero si lo es que las ciudades se deben pensar de manera específica de cara a la construcción de la paz después de los posibles acuerdos.
Los retos para las ciudades van en dos sentidos, en primer lugar con las garantías para la implementación de los acuerdos en relación con lo establecido en las agendas de negociación. Y segundo, con encarar problemas actuales que se podrían incrementar como consecuencia de los acuerdos.
En cuanto a lo acordado en la agenda con las FARC y que podría hipotéticamente ser muy similar con el ELN, en las ciudades se deben implementar todos los mecanismos para avanzar en la garantía de los derechos de las víctimas mediante el impulso de acciones de esclarecimiento de la verdad, programas de reparación integral complementarios a lo nacional, y así mismo, diseñar e implementar programas de garantías de no repetición. Adicionalmente se deben generar condiciones favorables para la actuación política de los desmovilizados de las guerrillas, de tal manera que no se presenten acciones ilegales contra las organizaciones políticas que surjan del proceso y que sean el resultado del abandono de la lucha armada. De igual manera, se debe trabajar para que se implementen procesos de desarme, desmovilización y reintegración (DDR), que aprendan de la vasta experiencia que se posee en el país, en especial de los procesos fallidos, y sirvan para garantizar que quienes han decidido dar el paso a la desmovilización encuentren condiciones favorables para mantener su decisión y así evitar el riesgo de revinculación a las organizaciones criminales que seguirán actuando en el país. Esto implica un gran trabajo en términos de política pública y ajuste institucional pero también un trabajo pedagógico con la sociedad, de sensibilización y comprensión de las implicaciones que un proceso de paz trae para cada quien.
En otro sentido, hay un punto que conecta los acuerdos con la situación de las ciudades que es el punto 3, de narcotráfico. En este punto se plantea la necesidad de un cambio en el enfoque de lucha contra el narcotráfico, cambiando el centro de atención de la acción represiva que ha estado enfocado a cultivos ilícitos, microtráfico y consumo, a una política que busque de manera fundamental el desmantelamiento de las cadenas criminales que se han consolidado en nuestro país en las últimas décadas, las cuales a pesar de haber bajado un poco su perfil y protagonismo criminal, son las responsables de manera directa o a través de la constelación de agrupaciones armadas que están a su servicio, de la mayoría de las acciones de violencia que ocurren día a día en las ciudades. Las autoridades y la sociedad toda, tenemos un enorme reto de conjurar que nuestro país tenga un post acuerdo violento y destructor como el que se ha vivido en naciones como Guatemala o Salvador, en donde las organizaciones criminales se convirtieron en una atractiva fuente de trabajo para miles de desmovilizados y que incluso han generado la terrible paradoja de que haya más homicidios en las posguerra que en la guerra misma.
Finalmente, una parte considerable de los homicidios, agresiones y fuentes de inseguridad para millones de personas que habitan los centros urbanos colombianos se originan en los graves problemas de convivencia cotidiana, en los conflictos que se generan en el ámbito doméstico, en los espacios barriales, y en el espacio público, en las cuales el uso de la violencia se volvió cotidiano. El logro de un acuerdo de paz puede ser una oportunidad para transformar las relaciones cotidianas, pasar de un cuasi estado de naturaleza regido por la ley del más fuerte a uno en el cual el respeto por la vida y la dignidad de las personas sea el referente de convivencia ciudadana. Todo esto tendrá que hacer parte de las metas de la reconstrucción de esta sociedad.
