Por: Carlos Arturo Charria
Columnista
En Colombia la memoria histórica llegó en medio de la guerra. No lo hizo después de las dictaduras y de las confrontaciones armadas, como sucedió en otros países de América Latina o Europa, en donde los trabajos de memoria se han consolidado en las últimas dos décadas y, además, se han vuelto política pública. Comprender la forma en que la memoria se consolidó como espacio de incidencia política de las organizaciones sociales y el surgimiento de entidades de carácter estatal encargadas de promover dichas iniciativas, ayuda a entender el debate que ha suscitado el nombramiento del nuevo Director del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Esta historia comienza en los primeros años del nuevo milenio y en ella se suman elementos del entorno mundial, así como aspectos propios de la coyuntural nacional. En Argentina, el 24 de marzo de 2004, día en que se conmemoraba un año más del inicio de la dictadura, el expresidente Néstor Kirchner, estableció que el principal centro clandestino de detención, tortura y desaparición debía convertirse en un lugar para la memoria. Se trataba de la Escuela de Mecánica Armada, también conocida como la ESMA, un complejo militar de 17 hectáreas y varios edificios ubicado en el barrio de Núñez, en el que durante la última dictadura militar se torturó y desapareció a miles de argentinos de manera sistemática y planificada. De manera simultanea este mismo debate se daba en países como Chile y Uruguay, mientras que en Perú comenzaba la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. En España, el debate sobre la Guerra Civil y la posterior dictadura de Francisco Franco, planteaba si remover las fosas y las preguntas que aún siguen presentes en muchos españoles. Producto de esta discusión, en diciembre de 2007, surge la Ley de Memoria Histórica en el país europeo.
En Colombia estos años son complejos. El conflicto armado se intensifica y la lucha frontal contra la guerrilla reemplaza la búsqueda de la paz negociada. Se niega la existencia del conflicto armado interno y se asume que el país enfrenta una amenaza narcoterrorista, a los desplazados se les llama migrantes internos y los comandantes paramilitares son ovacionados en el Congreso durante su proceso de desmovilización. Son años de importantes éxitos para las Fuerzas Militares en su lucha contra las FARC-EP, pero también de los asesinatos de civiles conocidos como “falsos positivos”.
En medio de estas dos coyunturas en Colombia emerge la memoria como un espacio de visibilización y lucha de varias organizaciones que exigían se reconociera la existencia del conflicto armado interno. Negar el conflicto implicaba negar la existencia de las víctimas que este había producido. No se trataba sólo de un asunto semántico, en el que se transformaba la forma en que se nombra una situación, sino que establece prácticas del Estado en relación con el DIH, así como la responsabilidad que éste tiene en términos de responsabilidad, reconocimiento y reparación de las víctimas que negaba.
La memoria se convierte en la posibilidad de disputar un relato que hacia invisible a las víctimas. Durante décadas la narrativa del conflicto se había centrado en privilegiar la historia de los actores armados, esto se daba desde todas las orillas del conflicto: el Estado, las organizaciones guerrilleras y los paramilitares. La justificación de sus acciones bélicas hacía ver a las víctimas como un accidente inevitable y, aunque lamentable, la búsqueda del “triunfo” en la confrontación “justificaba” dichas acciones. Sin embargo, la memoria invierte el lugar de enunciación y otorga el protagonismo a las historias de vida de las víctimas y a las relaciones sociales que quedaron rotas por la guerra. No busca entender la guerra exclusivamente como la disputa por el poder o el statu quo, sino a través del daño que ésta produce en las personas y en las comunidades.
Producto de esto, y como parte de la Ley de Justicia y Paz, en 2008 surge el Grupo de Memoria Histórica, liderado por Gonzalo Sánchez. La aparición de los primeros informes sobre las masacres de Trujillo y El Salado estremecieron a muchos colombianos. Por primera vez se dimensionaba el daño que la guerra le hacía a los territorios y sus habitantes, así como el horror y la sevicia con que los perpetradores cometían sus crímenes. Además, estos primeros informes y los que siguieron, también trataron de demostrar responsabilidades e intereses que van más allá del carácter ideológico del conflicto armado. Se trataba de un ejercicio en el que se intentaba poner múltiples piezas de un rompecabezas que siempre había resultado incompleto.
En 2011, con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se establece que se debe crear el Centro Nacional de Memoria Histórica y que éste debe recoger los aprendizajes e investigaciones adelantadas por el Grupo de Memoria Histórica. Además, debe continuar con la construcción del ¡Basta Ya! (2013), el informe que nos permitió comprender las múltiples afectaciones que produjo la guerra y también nos dio una perspectiva, en cifras, de la dimensión y las responsabilidades del conflicto entre 1958 y 2012.
La recepción del ¡Basta ya! generó reacciones encontradas: entre quienes celebraron tener un referente y un punto de partida en el intento por comprender la guerra en Colombia. Pero también produjo un gran malestar en distintos sectores de la institucionalidad y, especialmente, al interior de las Fuerzas Militares, pues en varias gráficas aparecían con más responsabilidad en ciertos crímenes que la guerrilla.
Desde la publicación del ¡Basta ya! comienza un interés por parte de distintos sectores por realizar trabajos de memoria. Si bien estos pueden interpretarse como complementarios a los realizados por el Centro, lo fundamental es que demuestran lo complejo que resulta el tema cuando se dimensiona el capital simbólico que tiene la memoria histórica. Al interior de las Fuerzas Militares se crea, a pocas semanas de publicado el ¡Basta ya!, el Centro de Memoria Histórica Militar y desde ese momento esta institución ha publicado distintas investigaciones y realizado foros en los que se discute el papel de las Fuerzas Militares en relación con la memoria histórica. Por otro lado, el Centro Nacional de Memoria Histórica también estableció una relación más amplia con sectores que no se sentían reconocidos en sus informes, producto de esto trabajó con empresarios, publicó informes sobre minas antipersonales, el secuestro de policías y soldados que pasaron años condenados en la selva. Informes en los que las víctimas y el daño recaía principalmente sobre miembros de la fuerza pública.
Desde 2008 el Centro Nacional de Memoria Histórica ha publicado casi 150 documentos de distinta índole sobre memoria, la mayoría centrados en estudios de caso, un trabajo que le ha permitido posicionarse con distintos sectores de la sociedad. En los últimos años, su trabajo se ha centrado en el diseño y construcción del guion para el futuro Museo Nacional de la Memoria, que tendrá como mandato lograr representar sus investigaciones, así como los principales patrones que identifique la Comisión de la Verdad.
Actualmente el debate por el nombramiento del nuevo director del Centro Nacional de Memoria Histórica evidencia lo complejo que resulta hacer memoria en tiempos de guerra y de transición. Mucho más en un país en donde las apuestas por la búsqueda de la paz o la confrontación armada siempre han estado en el centro del debate electoral. El Gobierno Nacional ha tenido que reversar dos nombramientos del que sería el nuevo de director de esta institución por el perfil de dichos candidatos y, el tercero, ha sido cuestionado por unas declaraciones en las que niega la existencia del conflicto armado, aspecto central en la emergencia de la memoria en Colombia.
Este debate evidencia la necesidad de una memoria que sea plural y que cuente con la mayor cantidad de voces que se sientan representadas en la narrativa que se construye. Al tiempo que plantea una pregunta más compleja para el momento que vive el país, ¿es posible establecer un vínculo entre memoria y reconciliación? La posibilidad de nombrar un candidato que integre consensos puede convertirse en una oportunidad para el Gobierno Nacional y evitar que la memoria sea vista desde un lado u otro como una trinchera ideológica. Miguel de Unamuno, quien fuera rector de la Universidad de Salamanca y escritor, al final de su vida pronunció un discurso cuando comenzaba la Guerra Civil en su país: “venceréis, pero no convenceréis”. Las palabras de Unamuno brillan en este momento y nos sirven para entender que quien ocupe la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica tendrá como principal reto no centrarse exclusivamente en contar una o múltiples versiones de los hechos, sino, con templanza y equilibrio, lograr que la memoria sea un puente que nos acerque, de manera solidaria, al dolor del otro.
