Andrés Felipe Vélez, Jaime Manco y Santiago Urrego, tres jóvenes habitantes de la Comuna 13 de Medellín, reportados como desaparecidos hace tres meses, se encontraron en una fosa común el pasado 30 de noviembre. Sus vidas fueron segadas, al igual que las de otras 571 personas durante el 2018, ante la mirada impotente de su comunidad e indolente de la institucionalidad y la ciudadanía.
¿Cómo sentir y expresar las condolencias y la solidaridad a sus familias, sus amigos, y a las personas que les esperaron día a día para volverles a ver? Se trata de un dolor inconmensurable, un vacío que no puede llenarse. Tal vez si sintiéramos compasión (padecer con), si lográramos ponernos en su lugar, entenderíamos lo que cuesta perder una vida que fácilmente, puede ser la propia, o la de nuestros seres queridos ¿por qué no?
¿Y si nos indignáramos y nos negáramos a acostumbrarnos a la ausencia de estas personas como fatalidad y parte del paisaje? En Medellín hemos trabajado intensamente desde los años noventa para sacar las muertes violentas de nuestra marca identitaria. Para ello, se formularon políticas públicas que incluyeron: aumento del pie de fuerza, persecución de responsables, acción institucional coordinada y, especialmente, una intervención integral en los territorios más vulnerables, con la convicción de que fortalecer el tejido social, las dinámicas comunitarias, aumentar los espacios colectivos, las opciones y proyectos concretos para mejorar la calidad de vida, juegan un papel fundamental en el logro de la prevención, la protección y el cuidado.
Federico Gutiérrez llegó a la alcaldía de Medellín con la promesa de recuperar y fortalecer la seguridad para todos sus habitantes. La persecución de cabecillas de bandas que sin duda tienen una responsabilidad en la ocurrencia no solo de estos homicidios, sino de otros delitos (desplazamiento, extorsión, reclutamiento), ha sido el centro de su actuación. En cabeza del alcalde y algunos de sus secretarios, se ha popularizado la imagen del caza pillos que desde un lenguaje bravucón incitan a la confrontación. Y esto, en una ciudad permeada por la cultura mafiosa y machista que reivindica “hacer justicia” por mano propia, tiene bastante cámara, aplausos y adeptos. Sin embargo, y muy a nuestro pesar, no han logrado el propósito pues hoy, contamos 41 muertes violentas más que el año pasado.
¿No debería ser este un dato lo suficientemente contundente para replantear el enfoque de la política y sus estrategias? Nosotros creemos que sí. El tema es tan complicado que debe evitarse todo asomo de populismo, basado en soluciones personalizadas y mágicas. Las dinámicas de las violencias y la criminalidad, se han complejizado y quizás el primer paso de este replanteamiento tendría que ser activar el diálogo social y ciudadano tendiente a comprender el fenómeno para desde ahí, evaluar las estrategias y debatir el enfoque de seguridad que requiere la ciudad en el mundo de hoy. Por eso hemos llamado insistentemente y sin resultados, a retomar el acumulado de experiencias, aprendizajes sociales e institucionales por los que esta ciudad ha sido reconocida aunque sabemos que hoy no bastan.
Recientemente el alcalde Gutiérrez fue citado a la Corte Constitucional a rendición de cuentas sobre el aumento del desplazamiento forzado en la ciudad, dado que, entre 2017 y 2018 éste se ha incrementado: 3.472 personas fueron expulsadas en 2017 y 1.646 en lo que va del 2018. En su exposición, el alcalde argumentó que las bandas son la responsables de este fenómeno, lo que en principio parece obvio. El desplazamiento forzado se produce porque hay población subyugada a poderes armados que hacen uso de las amenazas, el miedo, el reclutamiento, la expropiación, el chantaje y la fuerza, para provocar el destierro forzado, que se convierte en el último recurso para protegerse y escapar a estas presiones.
Lo que esperamos y requerimos como ciudadanía, ante el poder de los armados, es que el Estado nos proteja. En eso consiste un Estado Social de Derecho: en proveer a la ciudadanía la protección y la seguridad que ella, por sí sola, no puede darse Entonces, la responsabilidad de evitar los desplazamientos, y las muertes violentas, es del Estado. Este deber no puede de ningún modo evadirse o, lo que es peor, sólo reconocerlo cuando hay resultados positivos en términos de la reducción.
El asesinato de Andrés, Santiago y Jaime y de las otras 571 personas que hoy (a 7 de diciembre) no están en sus barrios, con sus familias, en su trabajo, tienen malherida la ciudad; interrogan profundamente la eficacia del modelo de seguridad implementado y evidencian la incapacidad de atender, cuidar y proteger, lo más caro de esta y cualquier sociedad: la vida de todas y todos.
Por eso, en esta semana en la que en todo el mundo se conmemora la vigencia de los Derechos Humanos, vale volver a su principio básico: El Derecho a la vida. Garantizarlo es deber fundamental del Estado; cuando esto fracasa, no es el gobernante o las fuerzas de seguridad las que pierden, ¡es la humanidad, la ciudad toda! Seguir abogando por la vida, trabajando por su cuidado en todas las formas seguirá siendo un gran reto. ¡Que el 2019 sea un escenario propicio para esto!
