El pasado 24 de noviembre se cumplió el primer año de la firma del Acuerdo de Paz entre las Farc y el Gobierno colombiano. En el balance del proceso de implementación, aunque deja muchos sinsabores al valorarlo en su conjunto, encontramos tres elementos positivos importantes: El primero es la terminación del conflicto armado, excelente noticia para la población colombiana, pues se traduce, entre otras cosas, en un descenso significativo del número de víctimas. El segundo es el cumplimiento pleno por parte de las Farc del traslado a las zonas transitorias, la dejación de armas, la entrega de las caletas donde almacenaban material de guerra y su conversión en un partido político que actúa en la legalidad. Tercero, que el proceso sigue contando con un amplio y favorable acompañamiento y respaldo de la inmensa mayoría de la comunidad internacional, gobiernos y la Organización de las Naciones Unidas.
Sin embargo, es sumamente preocupante el contraste de estos factores positivos con elementos de gran impacto negativo:
Los retrasos y cambios de lo acordado en los planes de reinserción no han funcionado, presentándose un masivo abandono de los espacios de reintegración, estimado por Naciones Unidas en un 55% de los integrantes, lo cual no significa que se incorporen a nuevos grupos armados, pero sí que los exintegrantes de las Farc no han encontrado la adecuada atención institucional que acompañe su proceso de reincorporación individual y colectivo.
Las dificultades en el proceso de implementación vía Congreso de la República, mediante el mecanismo especial denominado fast track. Empezaron con la sentencia de la Corte Constitucional del 16 de mayo del 2017, que modificó el procedimiento de aprobación especial, abriendo la puerta a las propuestas de cambios por fuera de la línea de lo acordado y permitió la discusión de cada punto de los proyectos presentados por el Gobierno, eliminando la votación en bloque. Aunque en principio se vio como una modificación válida, que podría facilitar una mayor deliberación, pues se creía que se contaba con una coalición mayoritaria de partidos que apoyaban el Acuerdo, esto quedó desvirtuado en los meses siguientes con el retiro del respaldo de sectores políticos que se distanciaron del Gobierno y pusieron en serias dificultades la obtención de las mayorías necesarias para aprobar el desarrollo del Acuerdo. Esto se tradujo en una aprobación de sólo nueve de las iniciativas presentadas y que elementos esenciales de la implementación ni siquiera se alcanzaran a presentar y otros fundamentales no se ratificaron.
Por ejemplo, en materia agraria se aprobó la creación de los Planes de Desarrollo Territorial, pero prácticamente no hubo ningún avance en cultivos ilícitos; en participación política, sólo el estatuto de la oposición y algunos proyectos para la reincorporación política de las Farc y la prohibición del impulso y respaldo de grupos armados por parte del Estado, así como las leyes de amnistía e indulto.
En el punto central del Acuerdo, referido al tema de la garantía de los derechos de las víctimas, mediante la creación de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, el balance es altamente insatisfactorio. Por un lado, el gobierno expidió los decretos que crean la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, y presentó la ley estatutaria que establece la Jurisdicción Especial de Paz; sin embargo, en el proceso de revisión, la Corte Constitucional afectó profundamente la estructura del sistema, al establecer, en sentencia de noviembre de 2017, que sólo los combatientes de las Farc y del Estado colombiano deben presentarse a la Jurisdicción de manera obligatoria, mientras para los civiles y funcionarios estatales, que no sean parte de las fuerzas armadas, la comparecencia es voluntaria, lo cual deja estos procesos en la justicia ordinaria, caracterizada por la amplia impunidad, y le resta posibilidades a la Comisión de la Verdad para esclarecer las causas y lógicas del conflicto armado colombiano.
El Congreso, además, aprobó un régimen de inhabilidades para los magistrados y magistradas de las salas de la JEP, que determina como factor de exclusión haber hecho parte de procesos judiciales de derechos humanos en los que sea responsable el Estado colombiano. Un incumplimiento adicional a lo acordado lo constituye el hundimiento en el Senado del proyecto de circunscripciones especiales de paz, mediante el cual se busca abrir espacios a la participación de las víctimas en la Cámara de Representantes por dos períodos legislativos. La decisión final probablemente la tomará la Corte Constitucional.
Todas estas peripecias ocurren en medio de una oleada de asesinatos y acciones violentas contra líderes sociales y de derechos humanos, que en 2017 alcanza la alarmante cifra de 80 personas asesinadas, y el avance a sangre y fuego de grupos armados organizados en varias de las zonas dejadas por las Farc, así como el crecimiento de algunas de las estructuras disidentes en otros departamentos del país.
Si bien compartimos el espíritu del informe de seguimiento del Instituto Kroc, que considera este como uno de los procesos de paz con el porcentaje de cumplimiento más alto en menos tiempo en el mundo, pensamos que su implementación presenta graves problemas que pueden hacer fracasar este importante esfuerzo de democratización. Reiteramos que el centro de estos acuerdos no son las Farc, sino el reconocimiento y la oportunidad de impulsar profundas reformas en nuestro país, en especial en materia agraria, en el ejercicio del poder político y en la garantía integral de los derechos de las víctimas.
Lo que estamos presenciando hoy es la resistencia de un sector de la sociedad, no sólo a las Farc y al proceso de reintegración y reconciliación, sino, sobre todo, a las profundas reformas que implica abocar el reto de mayor democracia y equidad en el país en el cual la guerra sea un asunto del pasado. La tarea de construcción de paz a partir de la oportunidad que significa el Acuerdo de Paz, sigue en pie. Y a ella seguiremos dedicando nuestros esfuerzos.
