Por: Daniel Pecaut
Columnista invitado
La recién creada Comisión de La Verdad, nace en condiciones bastante diferentes de muchas otras: no coincide con el fin de un régimen autoritario, no está acompañada de una nueva constitución y no surge como si prevaleciera un desconocimiento completo de lo que ha pasado, pues sobre la base de los testimonios de las víctimas y a veces de las confesiones de los victimarios, el Centro Nacional de Memoria Histórica ha realizado un informe conjunto: “Basta ya” y más de cuarenta monografías regionales.
No sobra decir que esta Comisión como sus pares, no tiene poder judicial; mientras la JEP que si lo tiene, dispone de un plazo de quince años para sus fines, la Comisión de Verdad tiene solo tres años para producir su informe y casi no podrá aprovechar los datos de la JEP. Su tarea es además de mucha complejidad, dada la multiplicidad de actores que participaron en los actos de violencia y de terror: paramilitares, narcos, agentes del Estado, guerrillas, políticos locales, elites económicas. Lo indiscutible es que el balance de las atrocidades excede, de lejos, el de las dictaduras del Cono Sur.
Poner el énfasis en las víctimas, no garantiza llegar a una visión compartida ya que no todas fueron victimizadas por los mismos actores ni experimentan los mismos traumas.
En el momento presente estamos todavía en una fase de memoria testimonial; incumbirá a la Comisión integrar esta memoria en conjuntos significativos: ¿Cuándo empezó el “conflicto armado”? ¿Hunde sus raíces en la Violencia de los años 50? ¿Qué impacto tuvo el auge de las economías ilegales? ¿Qué responsabilidad recae sobre los diferentes actores, el fracaso de las negociaciones del Caguán? Estos van a ser puntos de desacuerdo y sobre cada uno de los temas será difícil llegar, no digamos a consensos, al menos a versiones diferentes que permitan una discusión civilizada.
No faltará la tentación de poner el acento sobre los factores “estructurales”: la inequidad en la distribución de la tierra, las desigualdades, la desesperación de jóvenes “sin futuro”. Todo esto cuenta pero deja de lado muchos aspectos; por si solas las “estructuras” no desembocan en estrategias, incluso de terror; quienes lo hacen son organizaciones armadas o bandas que a menudo combinan objetivos políticos y objetivos mucho más prosaicos.
El problema no remite solo a los antagonismos entre los diversos actores. Como lo comprueba la polarización de amplios sectores de la opinión y el escepticismo de otros, la Comisión tiene una tarea ardua si quiere convencer a las mayorías de que su futuro informe representa una aproximación a la verdad, por tanto, se encontrará ante dos posibilidades: la de pretender definir la “verdad”, atreviéndose a nombrar los responsables de las atrocidades, con el riesgo de volver a suscitar desacuerdos, o la de subrayar que la meta fundamental es la de favorecer la reconciliación y que por esto, vale más adelantar propuestas muy diplomáticas, afirmando que fue el “contexto” el que llevo a varias fuerzas a acudir a las armas y, que el conjunto de la sociedad, tiene su cuota de responsabilidad.
De todas maneras no deja de ser una ilusión creer que basta un acuerdo para llegar a la verdad. Muchas otras experiencias demuestran que lo que se considera como verdad, se modifica con el tiempo. Uno de los elementos que conlleva tal modificación, es la manera como se concretan los acuerdos: si una mayoría opina que tuvieron consecuencias positivas, tendrá muchos más argumentos para adherir a la versión de la Comisión.
Quizá los futuros historiadores cuenten con mayores posibilidades para profundizar en las “causas” y “los orígenes” de la catástrofe que sacudió a Colombia.
