A seis meses de la firma del Acuerdo de Paz, el balance es satisfactorio y los logros alcanzados superan los obstáculos y problemas que se han presentado. Claro, reconocemos que hay cosas que deben mejorar y que hay momentos coyunturales que generan desesperanza, pero debemos tener claro que este será un largo proceso político y social que requiere la dedicación de grandes esfuerzos, paciencia, comprensión y persistencia para que termine consolidando las transformaciones necesarias para la construcción de la paz. Además, como ha ocurrido con procesos de transición y de implementación de acuerdos similares en otros países, estas situaciones son recurrentes, por lo que se necesita siempre una alta dosis de perseverancia teniendo como referente la paz como fin supremo.
En las últimas semanas un conjunto de hechos ha generado inquietud en torno a la viabilidad de lo acordado: la lentitud del Gobierno para presentar los proyectos de implementación y aprovechar el mecanismo de vía rápida (fast track) para su aprobación, los retrasos en la adecuación de las zonas transitorias veredales, los incumplimientos con el cronograma de dejación de armas y entrega de menores por parte de las Farc, los anuncios de dirigentes del Centro Democrático de tener como objetivo “hacer trizas” el Acuerdo logrado, el escepticismo de amplios sectores ciudadanos, el fallo polémico de la Corte Constitucional sobre el fast track y el reciente incidente armado entre el Ejército colombiano y unidades de las Farc en una de las zonas transitorias en San José del Guaviare, así como el continuo asesinato de líderes sociales y defensores y defensoras de derechos humanos (34 en lo corrido del año). Todos estos hechos constituyen asuntos preocupantes que deben generar alerta; además, teniendo en cuenta la creciente ocupación de territorios de las Farc por otros grupos armados, por lo que se precisa la toma de medidas para evitar que terminen frustrando este proceso, que con todo y sus imperfecciones y vacíos, sin duda es mejor que la guerra terrible y degradada que vivimos en las últimas décadas.
La valoración de lo logrado en estos meses debe tener en cuenta que algunos de los beneficios del proceso son incontrovertibles. El primero de ellos es que el cese al fuego, que ya alcanza casi su primer año de vigencia, ha permitido que en la práctica el enfrentamiento entre las Farc y el Estado colombiano haya terminado y así se ha evitado la pérdida de miles de vidas, tanto entre las filas de los combatientes como entre la población civil. Para esto ha sido esencial la figura de las Zonas Transitorias Veredales de Normalización y el cumplimiento de las Farc de los protocolos para su ubicación en ellas, con lo cual han dejado de estar en cerca de 281 municipios para estar ahora concentradas en las 26 zonas. También ha sido fundamental el acompañamiento y gestión del Mecanismo Tripartito Conjunto de Verificación desplegado por la Misión de Naciones Unidas, a lo cual se suma la madurez y responsabilidad de las Fuerzas Armadas, todo lo cual ha contribuido al éxito del proceso de concentración y cumplimiento del cese al fuego bilateral y definitivo. Esperamos que de manera responsable se cumplan los tiempos y protocolos establecidos para la dejación de armas, componente central para la transformación de las Farc de guerrilla a organización política que actúa en la legalidad.
En segundo término, con el amplio número de decretos expedidos por el presidente de la República el último fin de semana de mayo, se da un fuerte impulso a la normatividad que desarrolla lo acordado y se consolida una parte fundamental en la adecuación institucional para hacerlo posible. Esperamos que las fuerzas y voluntades políticas que respaldan el proceso y la Corte Constitucional, encargada de la revisión de lo aprobado por el Congreso y de los decretos expedidos, actúen de manera constructiva y aportando a la concreción de estas normas, que son fundamentales para hacer viables los seis puntos del Acuerdo. Claro, entendemos que no se trata de actos mecánicos de aprobación sin criterio, pero sí esperamos que se haga teniendo como horizonte el derecho a la paz que establece la Constitución Política Nacional.
Finalmente, invitamos a la ciudadanía a comprender el Acuerdo como un bien público que hoy pertenece a toda la sociedad y ya no sólo a los firmantes, y a mantener la atención y movilización en torno al mismo. A pesar del poco respaldo que se percibe, tenemos la convicción de que es una oportunidad histórica para profundizar transformaciones democráticas en nuestro país. Tenemos claro y es un aprendizaje del proceso post-Constitución del 91, que la promulgación de normas y leyes es un paso importante, pero que es insuficiente para garantizar el cumplimiento de los objetivos y propósitos que se pretenden. Sabemos igualmente que hay un amplio sector de la sociedad liderado por el Centro Democrático y otras colectividades políticas e incluso religiosas, que se aprestan para mantener su constante labor de oposición y tergiversación sobre lo acordado y que, en el mediano plazo, las elecciones legislativas y presidenciales del primer semestre de 2018 serán cruciales. Sin duda, la movilización y pedagogía ciudadanas en torno a los beneficios de este Acuerdo, que seguimos creyendo que son positivos para la sociedad colombiana en general, no sólo para las Farc, serán decisivas para que se pueda consolidar el camino de la convivencia pacífica, las transformaciones democráticas y para la definición del rumbo nacional en los próximos años. Esto es lo que está en juego.
