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Resumen

Como se trata de un tema extenso, me centraré en los aspectos que muestran la poca voluntad del Estado para abordar y superar este sensible asunto, a pesar de sus obligaciones con el Derecho Internacional de los DDHH, y la presión política que vive permanentemente. Inicialmente, expongo lo que se entiende por persona defensora de DDHH y liderazgo social; luego describo la importancia de los liderazgos sociales en la búsqueda de la paz en los territorios; también, presento un rápido diagnóstico de la situación de agresiones a estas personas y por último, me refiero al papel del Estado y su incidencia en el contexto de criminalización de personas defensoras de DDHH, en particular, la Fiscalía General de la Nación y las Fuerzas militares, aclarando que no son las únicas instituciones responsables.

Construcción de paz y liderazgos sociales

Diana Sánchez Lara 

Sin duda alguna, Colombia es un país en deuda con los Derechos Humanos (DDHH): civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, medio ambientales y con el derecho a la paz. Si queremos ser viables como sociedad, el debate sobre cada uno de ellos debería ser el más importante y actual, lo cual implica interpelar también, el modelo económico vigente. Para avanzar en la defensa de los DDHH y la construcción de la paz hoy, resulta sustantivo analizar la agresión contra el liderazgo social del país.

Qué se entiende por persona defensora de DDHH

Existen diversas formas de entender quiénes son las personas que defienden los DDHH; entre ellas, se encuentran todos los liderazgos sociales y populares del país. Según la conceptualización de Naciones Unidas y su marco normativo, establecido en la Declaración sobre Defensores de DDHH, adoptada por la Asamblea General en 1999:

“La persona que actúe en favor de un derecho (o varios derechos) humano(s) de un individuo o un grupo será un defensor de los derechos humanos. Estas personas se esfuerzan en promover y proteger los derechos civiles y políticos y en lograr la promoción, la protección y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales… Los defensores actúan en favor de derechos humanos tan diversos como el derecho a la vida, la alimentación y el agua, el nivel más alto posible de salud, una vivienda adecuada, un nombre y una nacionalidad, la educación, la libertad de circulación y la no discriminación. Algunas veces defienden los derechos de categorías de personas, por ejemplo, los derechos de la mujer, el niño, los indígenas, los refugiados y desplazados internos, y de minorías nacionales, lingüísticas o sexuales (Naciones Unidas, 1999).

En Colombia se habla con más frecuencia de liderazgos sociales que de personas defensoras de DDHH, sin embargo, para el caso es lo mismo, en la medida que los líderes y lideresas sociales luchan por la reivindicación de los derechos de sus comunidades. Así las cosas, se entiende que, dentro del concepto amplio de Naciones Unidas, se incluyen liderazgos reconocidos por pueblos indígenas, comunidades negras, campesinas, organizaciones comunales, mujeres, estudiantes y sindicatos.

Desde un punto de vista más sociológico y espiritual, la siguiente expresión también, resulta válida para caracterizar a estas personas:

“Los líderes y lideresas sociales son el alma de los territorios, son el faro de sus comunidades, son fuente de democracia, son germen de saber ancestral, hacen parte del cordón umbilical con la tierra… son la esperanza de paz en la coyuntura histórica que vive Colombia. Esos hombres y mujeres, son esto y mucho más… su inmenso sacrificio, no lo perdonará la historia” (Somos Defensores, 2018, Pág. 3).

Con estos reconocimientos como fundamento, es indudable su importancia en los territorios, especialmente porque las comunidades excluidas del país, ubicadas en regiones altamente conflictivas, tienen una profunda desconfianza en las instituciones; no creen en ellas porque: el Estado hace presencia a través del aparato represivo, la clase política sólo en épocas electorales y los funcionarios públicos, no ven en las comunidades sujetos de derecho ni actores políticos capaces de transformar la realidad. Esta ruptura en la comunicación es sin duda problemática.

Ante el recelo y una especie de instrumentalización mutua para pervivir en el mismo espacio, los liderazgos sociales y populares, cumplen una función de puente y acercamiento muy importante entre las partes, dado que cuentan con legitimidad en sus comunidades y tienen una permanente interlocución con los gobiernos locales, regionales y nacionales. Esta labor es aún más valiosa, en la pretensión del proceso de paz de llevar los acuerdos a los territorios; precisamente estos liderazgos facilitarían el acercamiento de todos los actores, incluidos los ejércitos reincorporados.

Quitar del camino un líder o lideresa, es un duro golpe para las comunidades pues les produce un sentimiento de orfandad, que es justo lo que buscan quienes lo hacen. Dejar desamparados estos grupos sociales, es una estrategia que imprime suficiente miedo para que no insistan en impedir el desarrollo económico y político de particulares con intereses precisos en sus territorios, sean empresas nacionales o internacionales, grupos políticos corruptos, narcotraficantes, guerrillas, paramilitares, mafiosos de todo orden, entre otros.

Radiografía de una realidad

No es posible entender cómo en el actual contexto colombiano, en medio de la búsqueda del fin del conflicto armado por la vía política, haya tanta criminalidad contra personas defensoras de DDHH, quienes también, se caracterizan por animar la construcción de paz en sus territorios. Según el Programa Somos Defensores, entre el 2010 y junio de 2019, han asesinado al menos 666 líderes y lideresas sociales¹. De este universo de casos, 400 han sido atacados desde el 2016, año de la firma del Acuerdo de Paz. ¡Simplemente inaudito!

Se suman a este lamentable diagnóstico otras agresiones que, en su conjunto, generan contextos adversos para el ejercicio del liderazgo social y la defensa de los DDHH. Con base en una década de monitoreo del Programa Somos Defensores, presento otros ataques que contribuyen a este ambiente hostil, advirtiendo que siempre será un sub registro frente a la realidad:

1. La amenaza. Es la agresión más frecuente y generalizada contra activistas sociales y populares. Entre 2010 y junio de 2019 se registraron al menos 3.434 casos, la mayoría bajo la modalidad de “panfleto”². También, consiste en llamadas telefónicas, mensajes de texto, sufragios, ramos de flores fúnebres y otro tipo de intimidaciones.

2. Los atentados a la integridad física. Son agresiones habituales aunque muy invisibilizadas; de 366 casos en el mismo periodo, la Fiscalía no da cuenta de investigaciones, a pesar de ser un atentado y un ataque directo a la integridad personal, y lo más grave, es que en todos los casos, pudo convertirse en asesinato.

3. Las detenciones arbitrarias. Eventos frecuentes donde se retiene a las personas injustificadamente. En el periodo analizado se han documentado alrededor de 197 casos cuya importancia para los funcionarios públicos es nula, por tanto, no se consideran graves.

4. Del uso arbitrario del sistema penal o judicialización. se tienen registros preocupantes. En el mismo lapso, al menos 66 personas defensoras fueron judicializadas. Estos hechos generan sin duda, temor, angustia permanente y contextos adversos para las organizaciones sociales. Se suma a esta vulneración de derechos, la exposición y “juicio” mediático y público que posteriormente, al recuperar la libertad por falta de pruebas, no se repara.

5. El robo de información sensible. Hurto de computadores y herramientas de almacenamiento de información, propias de personas y organizaciones que defienden DDHH. Al menos 48 casos están registrados en el periodo analizado. Hasta el momento no se ha logrado que la Fiscalía reconozca su gravedad y los investigue pues asocia estos hechos a robos ordinarios.

Las anteriores modalidades de agresión, sin contar otras intimidaciones y asedios en los territorios- configuran contextos adversos y hostiles para el ejercicio de la defensa de los DDHH y la construcción de la paz.

Ante este panorama, desde hace una década, el movimiento de DDHH a través de las plataformas nacionales y territoriales, focalizó sus esfuerzos en exigir al Estado y al gobierno colombiano, garantías para el ejercicio de defensa de los DDHH. Para ello, creó el Proceso Nacional de Garantías –PNG– también conocido como Mesa Nacional de Garantías³, el cual comenzó en el 2009, último año del segundo mandato de Álvaro Uribe, precisamente por el nivel de agresión contra personas defensoras de DDHH, muchas de las cuales, provenían del mismo Presidente y de altos funcionaros del gobierno.

Los principales objetivos del proceso se centraron en: 1) Establecer un diálogo directo entre sociedad civil y altos funcionarios públicos del orden nacional y territorial, para identificar conjuntamente las principales vulnerabilidades y amenazas que vivían los liderazgos sociales y, adoptar correctivos por parte de la institucionalidad. 2) Fortalecer el proceso de interlocución nacional y territorial, para generar confianza entre las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades del Estado. 3) Avanzar en la construcción de acuerdos, compromisos y rutas para promulgar medidas que creen un ambiente propicio para las actividades de defensa de los derechos humanos. 4) Hacer seguimiento a los compromisos que se adopten nacional y territorialmente en el tema de garantías.

Para alcanzar los anteriores objetivos, y en el marco de los principios obligados del Estado colombiano, ante el Derecho Internacional de los DDHH de Respetar, Proteger y Garantizar la vida, el PNG se propuso trabajar en tres líneas de acciones: prevención, protección e investigación. Desde el inicio se construyó una metodología sinérgica entre lo nacional y regional para que la participación de las organizaciones locales fuera protagónica y determinante. Igualmente, dado lo sensible de la problemática y su contenido político, se logró que los funcionarios comprometidos en el PNG fueran del más alto nivel: Ministros del interior, Fiscales Generales, Procuradores, Vicepresidentes, Defensores del Pueblo y otros, expertos temáticos. Similar ha sido la participación de gobernadores, alcaldes y funcionarios estatales del orden territorial. También ha contado con el apoyo y observación de la comunidad internacional, especialmente de las embajadas de España y Suecia, además del Sistema de Naciones Unidas.

Hoy el PNG es el espacio de interlocución más importante entre la sociedad civil y el establecimiento; además de reconstruir la confianza perdida entre dichas partes, en el 2008, ha tenido importantes logros, entre ellos: el entendimiento y aceptación de que todas las personas que ejercen liderazgos sociales en el país, son defensoras de DDHH y el reconocimiento de su importancia y valía en Colombia. Así mismo, se avanzó en la lucha contra la estigmatización y los señalamientos, a partir de pronunciamientos de alto nivel, resoluciones y actos de reconocimiento político de los Ministros del Interior, en diferentes regiones. La creación de la Unidad Nacional de Protección, UNP, también, es producto del proceso, a pesar de que el enfoque no sea el propuesto por el movimiento de DDHH.

El avance en las investigaciones judiciales sobre asesinatos de personas defensoras también, es un resultado importante del PNG, no obstante las críticas por la manipulación de cifras. Otros logros recientes son el Programa de Garantías para Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, a través de la Resolución número 0845 del 14 de junio de 2014, precedido por la creación del Comité Intersectorial de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de los Derechos Humanos, a través del Decreto 1314 del 10 de agosto de 2016 ambos, del Ministerio del Interior. Por otra parte, la instalación de las Mesas Territoriales de Garantías en varios departamentos, se convirtieron en espacios de encuentro e interlocución permanente entre, los movimientos sociales y de DDHH y los gobiernos e instituciones estatales territoriales, para tramitar situaciones adversas en el ejercicio del liderazgo social y la defensa de los DDHH. Antioquia y Cauca, son las experiencias más exitosas.

Sin embargo, con el actual gobierno ha sido difícil avanzar en el proceso, dado que la temática no está en sus prioridades. Sin embargo, es preciso reconocer que a pesar del esfuerzo realizado por la sociedad civil en estos diez años, la problemática persiste y el Estado colombiano no avanza en detener la criminalidad contra activistas de DDHH; el gobierno nacional se empeña en mantener una mirada estrecha de la política pública, centrada en protección física y material, que de alguna manera, es una forma de prolongar el problema sin tocar de fondo: el desmantelamiento del paramilitarismo y otras expresiones del crimen organizado en los territorios; la investigación a funcionarios públicos que por acción u omisión no cumplen con el mandato de garantizar la vida de estas personas y, el debate histórico del movimiento de DDHH en Colombia por la depuración de las fuerzas militares y su doctrina de seguridad nacional. Es importante enunciar que algunos de estos asuntos se abordaron en el punto 3.4⁴ del Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, no obstante, el actual gobierno lo desconozca por completo.

El papel de la Fiscalía General de la Nación

El movimiento de DDHH durante muchos años ha exigido al Estado colombiano, particularmente a la Fiscalía General de la Nación, resultados de las investigaciones adelantadas por todos estos hechos, con el fin de identificar a los responsables materiales e intelectuales, y desestructurar las organizaciones criminales, así como los funcionarios públicos que cohonestan con ellas.

A partir del PGG, se consiguió que la Fiscalía, a través de la Directiva 02 de 2017, ordenara a los operadores judiciales indagar, en caso de un asesinato, si la persona tenía algún tipo de liderazgo social o era defensora de DDHH, de tal manera que se convirtiera en la primera hipótesis de investigación criminalística (Fiscalía General de la Nación, 2017). Pero esta Directiva tuvo dos antecedentes normativos, reseñados en el Informe La Naranja Mecánica, así:

“Las bases las puso el Fiscal Eduardo Montealegre, quien impartió la Resolución 1783 de 2015 que crea un grupo de tareas especiales para priorizar investigaciones de graves violaciones contra personas defensoras de derechos humanos, principalmente indígenas, afrodescendientes, de restitución de tierras, incluidos funcionarios públicos y otros agentes relacionados con el tema. Con esta resolución se dio impulso a investigaciones, pero también estaba destinada a avanzar frente a las amenazas. (…) Posteriormente, el Fiscal encargado, Jorge Fernando Perdomo Torres, sacó la Resolución 0011 de 2016, que adopta el concepto de defensor de derechos humanos en la ruta metodológica e investigación criminal en los casos de homicidios contra estas personas y se acogen otras disposiciones relacionadas con el delito de amenazas… Pero también desarrolla directrices para los fiscales en materia del delito de amenazas, de manera que a partir de este documento se sientan las bases para avanzar en una ruta de investigación más certera” (Fiscalía General de la Nación, 2016).

Reconociendo el valor de estas bases normativas y el avance en las investigaciones de asesinatos, persisten situaciones y enfoques en la Fiscalía, que no terminan de convencer al movimiento de DDHH, veamos:

En la última década se estima que al menos 666 personas defensoras de DDHH fueron asesinadas (Somos Defensores, 2019), ciertamente, se trata de un universo grande. Sin embargo, la Fiscalía decidió priorizar los casos desde el 2016, sin dar cuenta de los de los años anteriores. Esta decisión es problemática, pues si los procesos no tienen alguna prioridad, al pasar el tiempo, es más difícil encontrar pruebas y hallar responsables; entonces, la esperanza de contar con resultados en crímenes de años anteriores al 2015 es poca.

En el país existen varias instituciones públicas y privadas que hacen seguimiento a esta lamentable situación, pero la Fiscalía decidió tener en cuenta, para priorizar investigaciones, los casos registrados y documentados por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en Colombia, OACNUDH. Esta decisión es problemática por dos razones: Una, a pesar de que la Fiscalía dice considerar las otras fuentes, solo da cuenta de los registros de OACNUDH, que entre otras cosas, son los más bajos. Dos, desestima el universo de casos registrados por una entidad del Estado como la Defensoría del Pueblo, que, de acuerdo con sus estadísticas, del 2016 y 17 de mayo de 2019, han sido asesinadas 486 personas defensoras (Defensoría del Pueblo, 2019), es decir, un 40% más. Pero la Fiscalía, solo priorizó 289 tomados de la OCNUDH sin tener en cuenta las cifras de la Defensoría del Pueblo. Si considerara los 666 asesinatos en la última década, según el Programa Somos Defensores; la Fiscalía estaría investigando con prioridad, el 43% de los mismos, es decir que el 57% restante, seguramente nunca llegará a tener resultados. A lo anterior se suma el cuestionado y ambiguo concepto de “esclarecimiento”, utilizado por la Fiscalía para informar de los avances en las investigaciones, debate que se encuentra ampliamente descrito en los informes del Programa Somos Defensores La Naranja Mecánica y “Defensores ¿El juego final? (Somos Defensores, 2019).

Las Fuerzas Militares

A este panorama es necesario sumarle otro desafío en materia de DDHH en Colombia, que por su puesto, tiene mucho que ver con el diagnóstico de la alta criminalidad contra los liderazgos sociales: las Fuerzas militares y su papel en la historia de agresión a los movimientos sociales, como se recoge parcialmente en “La inteligencia en Colombia: el lado oscuro de la fuerza”. Este documento, además de reconstruir el nacimiento y desarrollo de los servicios de inteligencia militar en el país, con un énfasis especial en el concepto de enemigo interno –insurgencias-, muestra cómo se incluyeron organizaciones sociales y defensoras de DDHH dentro de dicho precepto y desde allí, se naturalizó su persecución y estigmatización (Somos Defensores, 2017). Importante recordar que el desmonte de la Doctrina de Seguridad Nacional, ha sido una de las banderas del movimiento de DDHH colombiano, dada la alta criminalidad que ha legitimado contra la población civil.

En un periodo más reciente que coincidió con el proceso de paz, el Ejército Nacional realizó una reforma a la Doctrina Militar cuyo resultado, fue el Manual Doctrina Damasco, nombre inspirado en un pasaje bíblico (Rojas Guevara, 2017, pág. 21). De acuerdo con textos de prensa y análisis del Coronel Rojas Guevara (2017), Doctrina Damasco: eje articulador de la segunda gran reforma del Ejército Nacional de Colombia, se trata de una trasformación, sustancial en lo doctrinario y operacional, de las Fuerzas militares. No sé si porque ya había empezado a funcionar la nueva Doctrina Damasco, al interior de las Fuerzas Militares o como estrategia para armonizarla con el proceso de paz, lo cierto es que efectivamente se sintió variación en la actuación del Ejército Nacional, tanto en el discurso, encabezado por el General Alberto Mejía, como en los territorios donde las tropas se vieron menos agresivas y más conciliadoras con las comunidades. Dicho cambio también, se evidenció en el acompañamiento del Ejército a las FARC en su proceso de reincorporación y tránsito hacia la vida legal. Las imágenes de militares siguiendo en su marcha las caravanas de ex combatientes por agua o por tierra, quedaron como constancia fotográfica de que sí eran posibles, la paz y la reconciliación.

Sin embargo, tres años después, esas fotografías parecen desdibujarse. Un artículo del destacado diario estadounidense The New York Times, en meses pasados, advirtió sobre las nuevas órdenes o directivas de la cúpula militar a las tropas, donde les exigían duplicar las bajas en combate, a como diera lugar, para mostrar su eficiencia y capacidad de combatir a la guerrilla. Este documento recordó el deshonroso episodio protagonizado por el Ejército colombiano, conocido como “falsos positivos” (New York Times, abril 2019). Ante el escándalo provocado por este informe; dentro del mismo Ejército se habría iniciado una persecución contra los militares por filtrar la información, al medio de comunicación, lo cual evidenció que, efectivamente eran realidad las irregularidades al interior de la institución (Revista Semana, agosto 2019).

En un pasaje más reciente, las fuerzas militares se vieron envueltas en un nuevo escándalo por la falsedad en fotografías entregadas al presidente Iván Duque para demostrar, ante la Asamblea de Naciones Unidas, la alianza entre el gobierno de Nicolás Maduro y grupos irregulares colombianos; episodio que produjo la renuncia del general Oswaldo Peña Bermeo, jefe de inteligencia y contrainteligencia (Revista Semana, septiembre de 2019).

Todo lo anterior y lo que aún no conocemos, genera grandes interrogantes. Uno es sobre el verdadero y estructural cambio de esta poderosa institución colombiana: en su concepción, pensamiento y doctrina, y particularmente en su imaginario sobre el movimiento social y de DDHH a quien siempre han visto con sospecha y como enemigos internos; otro es, si el paso a la Doctrina Damasco es un ajuste –reservado por demás, como todo lo relacionado con la Fuerza Pública en el país– para modernizar y fortalecer el aparato militar a los contextos actuales, pero sin una nueva ontología de paz.

De todas maneras, como sociedad organizada, seguiremos exigiendo un debate público y abierto sobre el imperativo de construir, una Doctrina de Seguridad Humana para la Paz, como paso fundamental para modificar los contextos adversos en el ejercicio de la defensa de los DDHH en Colombia y continuaremos cerrando el camino de la violencia directa, estructural y cultural que arrastramos como sociedad.

Referencias bibliográficas

Defensoría Nacional del Pueblo. (2019). Informe de seguimiento a la alerta temprana 06-18. Recuperado de este enlace.

Fiscalía General de la Nación. (2016). Directiva 0011 de 2016. Por medio de la cual se determina el concepto de defensor de derechos humanos y se establecen los parámetros para la persecución del delito de amenazas en su contra. Bogotá.

Fiscalía General de la Nación. (2015). Resolución 1783. Por medio de la cual se crea un grupo de atareas especiales para priorizar investigaciones de graves violaciones contra defensoras y defensores de derechos humanos. Bogotá.

Fiscalía General de la Nación. (2017). Por medio de la cual se establecen lineamientos generales sobre la investigación de delitos cometidos en contra de defensores de derechos humanos en Colombia. Recuperado de este enlace.

Naciones Unidas, Derechos Humanos, Alto Comisionado. (1999). La Declaración de los defensores de los derechos humanos. Recuperado de este enlace.

Programa Somos Defensores. (2018). La Piedra en el zapato. Informe anual 2017. Pág. 3. Recuperado de este enlace.

Revista Semana. (2019). El jefe de inteligencia sale de las fuerzas militares en medio de escándalo de fotos falsas. Recuperado de este enlace.

Revista Semana. (2019). El general en su laberinto: los secretos de la cacería que involucra al comandante del Ejército. Recuperado de este enlace.

Rojas, Javier. (2017). Doctrina Damasco: eje articulador de la segunda gran reforma del Ejército Nacional de Colombia. Revista Científica General José María Córdova, Bogotá, Colombia. Recuperado de este enlace.

The New York Times. (2019). Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales. Recuperado de este enlace. 

Palabras clave:

Construcción de paz, liderazgo social, derechos humanos, democracia, líderes, defensores

Notas al pie:

^{1 Desde las organizaciones que conforman el Programa Somos Defensores, siempre se ha advertido que las estadísticas que publican sobre agresiones a personas defensoras, son un sub registro frente a la realidad, dado que en el Sistema de Información se registra un número mayor de casos, pero no todos se pueden confirmar por diversas razones. Así que estas cifran son una fotografía de la realidad del momento, pero no el universo completo.
2 En Colombia entendemos como panfleto amenazante, los mensajes escritos enviados normalmente por la web y redes sociales. El contenido siempre soez e intimidante puede ir contra un grupo genérico de personas, organizaciones y en muchas oportunidades tiene nombres propios. Es firmado en la mayoría de las veces por supuestos grupos paramilitares.
3 El Proceso Nacional de Garantías es un espacio de interlocución de alto nivel entre la sociedad civil -Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, CCEEU; La Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, La Alianza; la Plataforma de Derechos Humanos, Paz y Desarrollo, DESCA; la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz. Sectores sociales: comunales y campesinos- el Gobierno Nacional y el Estado colombiano.
4 Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra organizaciones y conductas criminales responsables de masacres y homicidios que atentan contra defensores de derechos humanos… y siguientes. Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Bogotá, 24 de noviembre de 2016. pág., 77.}

Resumen

La indagación por las violencias urbanas ha ocupado un lugar importante en la labor investigativa que la Corporación ha desarrollado desde el momento de su fundación y hasta el presente. En este artículo se hará referencia a los aportes contenidos en varias publicaciones y tomando en consideración su novedad, pertinencia y con el estado del conocimiento sobre los asuntos en cuestión. Con base en estas consideraciones y en diálogo con los retos que plantea la construcción de paz en el país y en la ciudad se hará referencia a temas que deberían ser objeto de particular atención en el que hacer investigativo.

"De las ilusiones que me hago a alguna llego.
Yo no nací para morir antes de estar muerto. Olvídese. Así
como no me quedé en la pared de una esquina pegado de grafiti
en fondo de pantalla para un video.
Nada está perdido para mí”.
(Helí Ramírez)

Definir la palabra violencia se dificulta debido a la diversidad de significados y valoraciones de las cuales es objeto. Esto explica los múltiples intentos que desde las ciencias sociales se hacen para precisar sus características, modalidades, impactos y su dimensión simbólica, en relación con las circunstancias históricas en las que se inscribe.

En 1985 la Comisión de Estudios de la violencia, designada por el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) para realizar un diagnóstico en el país, sentó un precedente al optar por una definición con acento en el uso de la fuerza física (violencia letal). Con respecto a los factores explicativos, la Comisión hizo un llamado a renovar las interpretaciones de la violencia como un fenómeno relacionado no solo con lo político (como había ocurrido hasta el momento) y abrirse a otros campos como el social, cultural y económico que no excluían la dimensión política pero la sobrepasaban; con ello se aspiraba a aportar diferentes elementos de análisis sobre los nuevos fenómenos de violencia, como la emergencia del narcotráfico en contextos urbanos. (Comisión de Estudios de la Violencia,1988)

Región, desde su trayectoria investigativa, comparte la perspectiva esbozada por la Comisión en lo concerniente a la violencia urbana y reconoce la investigación como un factor central del modelo de acción, articulado con otros componentes como el impulso a procesos de deliberación pública, el diseño de estrategias pedagógicas para la formación de ciudadanías democráticas, el fortalecimiento de organizaciones y liderazgos sociales y, la incidencia en políticas públicas.

Fuente: El Colombiano, 2014

El punto de partida: El narcotráfico y los nuevos actores de violencia

El 23 de noviembre 1989 fecha de constitución de Región, coincidió con una sucesión de hechos de violencia agenciados por el narcotráfico que tuvieron como escenario a Bogotá y Medellín. Uno de los momentos más críticos de una violencia que parecía no tener fin… justo el día veintisiete del mismo mes, fue la explosión en el aire, de un avión Boeing 727 de la empresa Avianca, en inmediaciones del municipio de Soacha (Cundinamarca) que dejó 107 muertos y generó gran conmoción.

En esas circunstancias iniciamos una labor investigativa con el apoyo del CINEP, orientada a explorar lo que acontecía en los barrios afectados por el accionar de bandas y combos, y los motivos que impulsaban a una nueva generación de jóvenes, a formar parte de la estructura criminal de Pablo Escobar. La responsabilidad de presentar los resultados, recayó en el periodista e integrante del equipo de comunicaciones Alonso Salazar y se dieron a conocer en la publicación No Nacimos pa´ semilla (Salazar, 1990) que marcó un hito, en la investigación de la violencia urbana en el país.

En el texto y desde las voces de sus protagonistas, se exponen el complejo universo cultural y las condiciones de vida de jóvenes, hijos de una generación de migrantes que arribaron a la ciudad refugiándose de la Violencia en la década de los sesenta. A diferencia de sus progenitores, que luchaban por hacerse a un lugar en la ciudad, su rasgo distintivo era su estrecha relación con la violencia, ejercida con probada eficacia y arrojo.

Aunque el sicariato es el tema que atrae las miradas, en No Nacimos pa´ semilla se presenta el diverso panorama de los actores de violencia entre los cuales estaban: milicianos, guerrilleros e integrantes de combos; se formulan hipótesis explicativas sobre su perfil sociocultural y se incluyen testimonios de familiares y vecinos. En dicho texto además de la violencia, sobresalen ciertos valores y prácticas asociados a la “cultura paisa” pero también, a la modernización (sociedad de consumo) y la incidencia de sus condiciones de vida, marcadas por la marginación y la desatención del Estado, en la generación de un ambiente favorable a la aceptación del narcotráfico como opción de reconocimiento, progreso, y ascenso social.

La referencia a un aspecto central en la narrativa de esta generación de pistoleros a sueldo: su desapego por la vida, plasmada en la expresión que dio título al libro “No nacimos pa´ semilla”, suscitó la reacción de muchos jóvenes de las comunas que se convirtieron en los promotores del movimiento Sí Nacimos pa’ semilla y también, de reflexiones que alimentaron el debate público y la creación de espacios de encuentro, como El Seminario Violencia juvenil: Diagnóstico y alternativas promovido por Región, evento realizado en agosto de 1990, momento crítico para la ciudad ante la intensificación del accionar violento de los llamados Extraditables que en cabeza de Pablo Escobar, ejercían la máxima presión contra el recién posesionado presidente Cesar Gaviria.

Es de notar el significado de este evento en estas circunstancias, como respuesta a la estigmatización de la que era objeto la Comuna Nororiental, señalada como el fortín de Escobar y su aparato criminal y la contribución a visibilizar y reconocer el protagonismo de la juventud, impulsora de novedosas iniciativas de movilización por la defensa de la vida, y resaltar la capacidad de las instituciones y organizaciones sociales para ahondar en el análisis de las causas de la violencia, generar alternativas resultantes de procesos de deliberación y acuerdos en torno a objetivos comunes con perspectiva de largo plazo. (Corporación Región,1990)

Los hallazgos de Región sirven de referencia a otras investigaciones sobre la relación violencia- juventud, lo cual se traduce en avances para esclarecer los múltiples significados que para ellos reviste la violencia en su vida cotidiana, así como el reconocimiento de las muy distintas maneras de referirse a la muerte y, en la construcción de diversas memorias y formas de simbolizar, en los rituales, la música y otras expresiones artísticas. (Riaño, 2006) (Blair, 2005)

En otra publicación, “Mujeres de fuego” (Salazar, 1993) sobre los actores de violencia, se dan conocer los resultados de una indagación sobre experiencias de mujeres con la guerrilla, el narcotráfico, las milicias y de una madre que busca a su hijo desaparecido. Se devela allí una realidad desatendida, se controvierte la visión de la mujer como sujeto pasivo receptor de violencia y se aporta a la comprensión de las razones por las cuales, mujeres de diversa condición social ejercieron la violencia, así como los factores que motivaron replanteamientos e intentos de reconstruir sus vidas. En la presentación de este texto María Teresa Uribe manifestó, tanto su extrañeza al preguntar por qué sabíamos tan poco sobre esas realidades, como su complacencia al acceder a los testimonios de mujeres que hacen posible: “asomarse a la Colombia de hoy, a los abismos de la intolerancia, el autoritarismo y el irrespeto” y también, “inclinarse reverente ante el valor, la tenacidad y la dignidad con las cuales le habían hecho frente a estos tiempos difíciles”.

Apuntes para una historia del narcotráfico.

En medio de la intensa violencia que afrontó la ciudad a mediados de los ochenta y hasta la muerte de Escobar en 1993, nos preguntábamos: ¿En qué momento se jodió Medellín? ¿Qué tenía que ver con la crisis de la industria, con la ausencia de Estado, con la cultura paisa y en particular con valores y prácticas ejercidos por capos como Escobar y sus sicarios? Estos interrogantes motivaron la realización de numerosos eventos con la participación de académicos, escritores, periodistas, funcionarios públicos y representantes de organizaciones sociales y se dio curso a la deliberación y a la búsqueda de salidas. La realización del Seminario Alternativas de Futuro para Medellín es un buen ejemplo de ello.

El evento posibilitó tanto el encuentro entre la institucionalidad nacional, a través de la Consejería Presidencial para Medellín y diferentes sectores sociales, como la expresión y el debate de distintas miradas sobre las causas de la violencia, la consideración de diversas propuestas y la acogida a la iniciativa de un pacto social con fundamento en los consensos a los cuales se llegó. Región en coherencia con lo expresado en dicho evento, tomó la decisión de aceptar la invitación a acompañar las estrategias impulsadas por la Consejería Presidencial para Medellín, especialmente en lo relacionado con procesos organizativos de los jóvenes: Casas juveniles y estrategias comunicativas como Arriba mi Barrio, Lado A y Muchachos a lo Bien, que tuvieron un impacto positivo en la transformación del imaginario violento que se había construido en torno a los jóvenes y habitantes de estos barrios y comunas y, en la validación de opciones de vida diferentes a las ofrecidas por las organizaciones criminales.

A comienzos de los noventa Región continua explorando los factores explicativos de la violencia y realiza una investigación cuyos resultados, se dan a conocer en un texto titulado “Las subculturas del narcotráfico” (Salazar y Jaramillo 1992). La atención se centra en la caracterización de varios momentos relacionados con la emergencia y el auge del narcotráfico en la ciudad: Un primer período de asentamiento que marca la aparición de una generación de traquetos y pistolocos; luego una etapa de consolidación en la que se asiste a la configuración del proyecto político del narcotráfico y, la fase de la guerra que corresponde a la confrontación directa entre Escobar y el Estado hasta los inicios del gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994).

A propósito de la atribución de la violencia y el auge del narcotráfico al ethos cultural paisa, en un apartado del texto en mención “la cultura: un nuevo espacio de reflexión”, se insta a tomar en consideración la forma en que estos fenómenos se inscriben en el contexto colombiano, como producto de procesos sociales específicos y en relación con el impacto de la urbanización y la modernización. Esta referencia es pertinente por la importancia que tres décadas después se le confiere a la cultura como factor explicativo del narcotráfico, tal como se evidenció en un foro realizado por el periódico El Colombiano en el marco de una iniciativa de construcción de memoria sobre el narcotráfico.

En la reflexión sobre los factores explicativos de la violencia, la ética fue objeto de atención; Región promovió un debate sobre la importancia de rescatar una ética ciudadana o ética civil que pusiera el respeto por la vida y la convivencia como centro de interés e ideal de justicia social y paz. En las memorias de un evento promovido por la Corporación se exponen diversos enfoques y fundamentos de esta ética y la necesidad de construir nuevos consensos que a manera de pacto, permitieran el respeto por aspectos básicos de la convivencia y enfrentar la crisis de valores generada por el narcotráfico (Fernández (Ed) 1991).

¿Y después de Escobar qué? Las transformaciones de los noventa

La disminución de los homicidios, la desarticulación de las bandas que estuvieron al servicio de Escobar, después de dos décadas de actividad, y la labor desarrollada por la Consejería Presidencial para Medellín, la institucionalidad local y las organizaciones sociales, abonaron a la generación de un ambiente de optimismo y de superación de la violencia en la ciudad; sin embargo, en la década del noventa asistimos a un reacomodo del narcotráfico y otros actores violentos. En aquel momento, no se tenía claro qué acontecía en la ciudad, sobre todo en los barrios más afectados por el accionar de las milicias y bandas. Esto motivó la realización de un nuevo proyecto de investigación de cuyos resultados da cuenta el libro: “En la encrucijada. Conflicto y cultura política en el Medellín de los noventa” (Jaramillo, Villa y Ceballos, 1998). Entre los hallazgos resaltamos:

Una aproximación a las denominadas Milicias en aspectos referidos a su caracterización, trayectoria y los impactos de su accionar en la proliferación de grupos armados, algunos conformados de manera espontánea y otros relacionados con las bandas que, a su modo, hicieron una réplica del modelo de vigilancia y los métodos de control instaurados por las milicias en sus áreas de influencia. Este acercamiento fue posible gracias a la interlocución del equipo de investigación con el encargado del acompañamiento al proceso de negociación de las milicias, en el campamento de Media Luna, corregimiento de Santa Helena entre los meses de febrero y mayo de 1994 con delegados del gobierno de César Gaviria, que culminó con la suscripción de un acuerdo con miras a su desmovilización.

Así mismo se aportan elementos de descripción y análisis sobre las formas de relación de la población con las milicias, mediadas tanto por el miedo y la expectativa de obtener protección frente a la amenaza que representaban la fuerza pública y otros grupos armados ajenos al barrio, como por la obtención de algún beneficio al servir de red de apoyo a sus actividades. Así pues en Medellín más que en otras ciudades este actor armado podía contar con condiciones más propicias para su arraigo entre la gente.

Aunque bajo circunstancias diferentes a la crisis de los ochenta, se vuelve a presentar en el acontecer barrial y en la ciudad, la incidencia de lo que identificamos como micro poderes armados de carácter autoritario y la incapacidad del Estado para ejercer el pleno monopolio de la fuerza, así como los efectos perversos de ciertas estrategias e iniciativas de mediación, promovidas desde la institucionalidad local.

Un giro en la mirada: Violencias y miedos sociales

Con el interés de establecer los impactos de dos décadas de zozobra, en las sociabilidades y en las formas de vivir la ciudad entre los habitantes de Medellín, así como su incidencia en el agravamiento de la discriminación y la estigmatización de ciertos grupos sociales, se realizó otro proyecto de investigación, fundamentado en el diseño y aplicación de un modelo conceptual y metodológico basado en el entendimiento de los miedos como construcción social y como un proceso mediante el cual se nombran amenazas, se afianzan representaciones del otro y también, nuevas formas de estar juntos.

En la publicación “Los rostros del miedo: Una investigación sobre los miedos sociales urbanos” (Villa, Jaramillo y Sánchez, 2003); se analiza la violencia del narcotráfico y la denominada “urbanización de la guerra en los hechos violentos acaecidos en la comuna 13. Se constata que la experiencia generalizada del miedo favorece el repliegue hacia lo privado; la construcción de geografías del miedo prescriben los usos de la ciudad y, producen narrativas y prácticas destinadas a marcar diferencia entre las “gentes de bien” contra sectores a los que se les atribuye la responsabilidad en la violencia y la degradación moral: atracadores, guerrilleros, narcotraficantes, paramilitares, milicianos, políticos y drogadictos.

De igual modo se logra establecer la función del miedo como generador de nuevas opciones de construcción de numerosas campañas orientadas a exaltar la inventiva de los paisas, su capacidad para sobreponerse a las dificultades y su amor por Medellín. La década del noventa marca un momento de auge en la conformación de comunidades o colectivos sociales que encuentran un factor de cohesión en las creencias religiosas, el cultivo de la espiritualidad y también, de iniciativas organizativas juveniles y comunitarias entre cuyos propósitos estaban, contrarrestar el impacto de la discriminación y la estigmatización como delincuentes y subversivos lo cual producía el cierre de sus oportunidades de empleo.

La apuesta comparativa: Medellín y sus violencias en el contexto latinoamericano

Para la década del 2000, los resultados de estudios sobre seguridad en ciudades de América Latina permitían establecer similitudes con respecto al Medellín de los años ochenta, en el aumento significativo en las tasas de homicidio atribuido a la emergencia de agrupaciones criminales con nexos con el narcotráfico. El investigador Robert Briceño (2007) al referirse a este panorama, se preguntaba ¿Qué ha pasado para que la ciudad de América Latina, lugar de sueños y esperanzas, se convierta en una amenaza para la mayoría de sus habitantes?

Para aportar luces al conocimiento de esta realidad y desde una perspectiva comparativa, se elaboró un proyecto de investigación que contó con el apoyo del IRDC y cuyo objetivo era el análisis comparativo entre actores y dinámicas de violencia y criminalidad en Medellín, Bogotá, Rio de Janeiro y Ciudad Juárez. Los resultados se encuentran en el texto “Ciudades en la encrucijada: Violencia y poder criminal en Río de Janeiro, Medellín, Bogotá y Ciudad Juárez. (Jaramillo y Perea. Eds. 2014) Con todo y las diferencias entre estas ciudades se identifican importantes similitudes entre ellas:

El narcotráfico como el mercado ilegal dominante del cual se derivan sustanciales márgenes de ganancia, junto con otras actividades ilegales y asociado a la constitución de agentes violentos que imponen un poder armado sobre diversos procesos de la vida urbana y en particular, en las barriadas en donde ejercen control de territorios y apelan a una combinación de fuerza y “consenso” (entendido como la capacidad de intermediación en conflictos, participación en actividades comunitarias) y cuya implementación no solo depende de su propia capacidad operativa, sino también, de la respuesta del Estado y los niveles de aceptación o rechazo entre la población.

Hay predominio de altos índices de impunidad (90%) cuyo factor clave es el enorme poder criminal y la limitada eficacia de políticas públicas y estrategias de seguridad- Dichas políticas logran de forma episódica, obtener resultados positivos en la disminución de los homicidios y en la relativa pacificación de las zonas con control de estructuras criminales, pero que no se logran consolidar debido a los cambios en las políticas y la fragilidad de los pactos de convivencia promovidos por líderes y organizaciones sociales, debido, entre otras razones, al incumplimiento de lo acordado y a las disputas entre organizaciones criminales por el control de mercados y territorios.

Esta investigación contribuyó al desarrollo de un campo de indagación sobre la relación violencia-criminalidad en contextos urbanos, cuestión que hasta la década del 2000 no tenía mayor importancia en el país, en buena medida, debido a la mayor atención conferida al conflicto armado. Pero son de notar los avances y la relevancia de las exploraciones sobre economías, y estructuras criminales y sus lógicas de actuación.

Una nueva mirada al pasado y presente. Conflicto armado y violencias en clave de memoria

A mediados de la década del 2000, aunque es evidente el poder que ejercen las organizaciones criminales, se aprecian cambios relevantes con relación a décadas anteriores; emergen las víctimas como actor de gran importancia, resultado de la iniciativa de organizaciones de víctimas que alzaron su voz en la ciudad e hicieron valer su derecho a la verdad, la justicia y la reparación, de lo cual son ejemplo las Madres de la Candelaria y la movilización de la población desplazada demandando respuestas, al amparo de disposiciones contenidas en la Ley 387 de 1997 para atender el desplazamiento forzado y el acuerdo por el cual se adopta la política pública para la prevención del desplazamiento forzado, la protección, reconocimiento, restablecimiento y reparación, en el municipio de Medellín (Acuerdo 049 de 2007)

Frente a este nuevo panorama, la Unidad de Víctimas, el Museo Casa de la Memoria y la Corporación Región, realizan un intercambio de ideas que concluye en la necesidad de construir un relato sobre el conflicto armado y las violencias en la ciudad, desde la perspectiva de la memoria. El resultado es la elaboración y gestión de una propuesta respaldada académica y financieramente por el Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, entidad interesada en abocar lo acontecido en las ciudades por lo cual, la experiencia de Medellín ofrecía importantes pistas.

Para emprender el relato sobre la memoria histórica del conflicto armado y las violencias que ha vivido Medellín en el período 1980-2013, se conformó un equipo interdisciplinario con investigadores de la Universidad de Antioquia, Eafit y Región. Los hallazgos de este trabajo, se dan a conocer en la publicación del informe “Medellín Memorias de una guerra urbana” (CNMH, 2017).

En respuesta a las preguntas sobre ¿qué pasó? y ¿por qué pasó? y con fundamento en la metodología que posibilitó la participación de habitantes de la ciudad y de las víctimas, teniendo en cuenta su diversidad, se abordaron asuntos relacionados con los factores explicativos de la crisis que se fue generando desde mediados del siglo XX pero que se visibiliza y agrava, con la emergencia del narcotráfico y la aparición y trayectoria de otros actores del conflicto armado y la criminalidad en su relación con éstos. Se presenta una información novedosa sobre las cifras y el comportamiento de las diversas modalidades de violencia, de acuerdo con la periodización establecida. Es importante resaltar el reconocimiento de una variedad de respuestas y recomendaciones, en materia de verdad, justicia y reparación que desde la sociedad y la institucionalidad, se desplegaron para resistir y sobreponerse a los impactos devastadores de las violencias, agenciadas por una multiplicidad de actores que de una forma u otra la ejercieron.

Si bien con este informe se pone de presente la importancia de la ciudad en relación con las dinámicas del conflicto armado nacional, continúa siendo un tema marginal en el país. Un ejemplo reciente es la ausencia de referencia a lo urbano en el Acuerdo Final de Paz con las Farc. De ahí pues, la pertinencia del llamado del investigador Carlos Mario Perea a resituar la ciudad, y avanzar en la creación de una conciencia pública sobre su importancia estratégica que permita, superar la paradójica condición de la ciudad inviabilizada, en el universo del conflicto armado y entrampada en una visión de la seguridad como problemática, que poco o nada, ha tenido que ver con lo que acontece en el área rural (Perea, 2013).

Superar el divorcio campo-ciudad es esencial, máxime si se tienen en cuenta los impactos de las dificultades de seguridad y convivencia en la construcción de paz en las ciudades y, en el mejoramiento de la calidad de vida del 77% de la población colombiana que reside en ellas.

Este panorama plantea nuevos retos a la tarea investigativa. Gonzalo Sánchez, anterior director del CNMH, en el prólogo a la publicación resultante de una investigación comparativa sobre violencia entre las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla (Guzmán. Ed, 2019), subraya la necesidad de adelantar estudios que evidencien la singularidad de la ciudad, mostrando que ella produce violencias cuyas gramáticas no se reducen al conflicto armado pero que aportan la mitad de los homicidios a nivel nacional y, al mismo tiempo, sus conexiones con el conflicto armado. Al respecto invita a redoblar esfuerzos por comprender los procesos sociales que tienen lugar en ella, la perspectiva subjetiva de los distintos actores: las víctimas, los violentos, el desempeño del aparato policial y sus agentes, y el sistema penal, para poder encontrar su adecuación a la sociedad contemporánea.

En acuerdo con estos lineamientos pero considerando el difícil momento que afrontan las ciudades en materia de seguridad, llamamos la atención sobre varios asuntos igualmente necesarios:

Caracterizar las estructuras criminales que operan en las ciudades de Colombia, sus similitudes y diferencias; las fuentes de su poder en lo económico, político y social; la capacidad de respuesta del Estado y sus implicaciones en el diseño e implementación de políticas públicas en seguridad.

Dada la afectación de sectores sociales por el accionar violento de diversos actores armados, que ejercen el control de territorios y métodos de terror para establecer el “orden” y la sujeción de la población en la ciudad, urge profundizar en el análisis de los factores que actúan en favor o en contra de este tipo de dominación pero también, la incidencia de la ausencia o la presencia del Estado, mediante la aplicación de políticas o decisiones en seguridad y convivencia, en la pervivencia o transformación de este estado de cosas.

También se requiere ahondar en el conocimiento de las formas de respuesta que por varias décadas, han construido personas y comunidades para resistir, adaptarse y establecer vínculos con los actores criminales. ¿Qué variaciones se observan en estos comportamientos? ¿Qué incidencia ha tenido la acción de la justicia, el desempeño de la Policía? ¿De qué modo los aprendizajes de las comunidades se podrían articular a políticas de prevención?

El que la ciudad sea el lugar donde ocurren la mayor parte de los homicidios, es un hecho que reviste la mayor gravedad pues evidencia la incapacidad del Estado para garantizar la defensa de la vida y marcar un nuevo rumbo en la superación de la impunidad gracias, a una oportuna y eficaz acción de la justicia y el debido reconocimiento y reparación de las víctimas.

Aunque el homicidio es una modalidad que cuenta con numerosos estudios, su persistencia es un preocupante retroceso con respecto a logros de años anteriores, de lo cual es ejemplo Medellín, ciudad que desde el 2015 registra un aumento en la tasa de homicidios, ubicándose en veinticinco por cien mil habitantes. Se reclaman nuevas indagaciones acerca de las circunstancias y el tipo de escenarios donde acontecen y sobre el perfil de los responsables, las víctimas y el desempeño de la Policía e instancias de justicia.

Según el Instituto de Medicina legal (2019) la participación de la población masculina en el homicidio corresponde en su mayor parte, a jóvenes entre los 14 y 26 años, hecho que demanda estudios que desde el enfoque de género, contribuyan a esclarecer la relación entre violencia y modelos de masculinidad y feminidad, posibles cambios en las motivaciones de las nuevas generaciones para cometer el homicidio, lo que permitiría establecer contrastes con la generación de los años ochenta.

No se trata de temas cuyo análisis incumba a especialistas y académicos. Como lo demuestran experiencias de deliberación pública que han tenido lugar en la ciudad en años anteriores, la reflexión facilita el reconocimiento de gran diversidad de miradas, compartir saberes y aprendizajes y construir acuerdos en torno a metas comunes, condición necesaria para enfrentar con mayor posibilidad de éxito, una problemática que no solo atañe a Medellín o a las ciudades colombianas sino a la región Latino americana que continua presentando las más altas tasas de homicidio: 17.2 (A distancia del resto del mundo: África: 13, Europa: 3, Oceanía: 2,8 y Asia: 2,3), con la desigualdad, el crimen organizado y el machismo entre las principales causas (Naciones Unidas, 2019).

Treinta años después de habernos enfrentado a una crisis cuyas causas y superación sigue siendo objeto de discusión, se suscitan sentimientos y reacciones encontradas; cierta desesperanza ante la preponderancia del homicidio, un fenómeno que sigue cobrando la vida de una generación de jóvenes y, el poder que detentan los actores criminales; pero también, de renovadas expectativas de mejoramiento, al constatar la persistencia de sectores de la sociedad y de la institucionalidad, en la tarea de transformar esta realidad de la cual, hace parte una sistemática labor investigativa como lo ilustra la experiencia de Región, cuyos resultados han contribuido a la reflexión y al debate y son estímulo a la capacidad de imaginar y avanzar, en la construcción de opciones de progreso y convivencia al margen de la violencia, la intolerancia y la criminalidad.

Referencias bibliográficas

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Palabras clave:

Violencia, Urbano, Investigación,  Retos, Construcció de paz, Conocimiento