Resumen

Con el ascenso de la extrema derecha en varios continentes, incluso en América Latina, estamos confrontando en la vida cotidiana amenazas a la democracia ya los derechos humanos, así como el recrudecimiento de las intolerancias sobre el "otro", sea él o ella extranjero, negro, indígena, Lgbti, morador en las periferias urbanas ...

Democracia y derechos humanos amenazados, junto con nociones de solidaridad y justicia social están, no por casualidad, también en el centro de los debates (y movilizaciones y resistencias sociales) al respecto de las migraciones y desplazamientos, en una coyuntura histórica marcada por las políticas globales y nacionales de acumulación por desposesión (Harvey 2006), expulsiones (Sassen 2014), con su criminalización y judicialización de migrantes y desplazados de varios tipos, en sociedades (racializadas) cada vez más polarizadas. En contraposición liderazgos migrantes y desplazados de varios tipos, junto con agentes que actúan con esas poblaciones, se movilizan en el cotidiano en sus luchas y resistencias para garantizar las conquistas obtenidas y los derechos humanos de esas poblaciones.

Democracia y Derechos Humanos amenazados:
Políticas migratorias nacionales y políticas globales en Brasil, de Lula a Bolsonaro (2002-2019)¹

Desde la década del noventa, período de reconfiguración del capitalismo global y expansión de las políticas económicas neoliberales, la intensificación de las migraciones hacia el Norte Global, ha sido acompañada por cambios en las formas de gestionar la movilidad humana. Junto con el proceso de regionalización de la política migratoria, vinculada al establecimiento de un régimen global para controlar las migraciones internacionales, las políticas de regulación tecnocrática han creado nuevas formas de organizar y clasificar esos flujos, también adoptados por los países latinoamericanos a través de los cuales, organizaciones internacionales han ayudado a acercar el tema migratorio al campo criminal (Domenech 2015; Dias 2018) En este artículo, analizo las relaciones y tensiones entre la formulación de una nueva ley de migración, centrada en los derechos humanos en Brasil y las políticas globales que intentan combinar la protección de las personas migrantes y la defensa de las fronteras, en un contexto cambiante de la economía política y de los escenarios global, regional y brasileño.

Política Nacional, políticas Globales

El año 2013 fue famoso en Brasil por: el estallido de grandes manifestaciones, la población salió a las calles a exigir servicios públicos de calidad y el fin de la corrupción². Aunque menos publicitado también, se destacó por la intensa participación de líderes transmigrantes y entidades que actúan, junto a refugiados y migrantes, en la formulación de políticas públicas y, a nivel local, en mayo de 2013, después de años de luchas y en medio de la llegada de contingentes de haitianos, fue finalmente instituida por la alcaldía de São Paulo, la Coordinación de Políticas para Migrantes (CPMig); gran victoria, pues se convirtió en una política de gobierno para la población migrante en 2016. Una nueva ley de migración que focalizaba a los migrantes como sujetos de derechos, parecía finalmente ser una posibilidad concreta producto de recurrentes demandas de entidades y movimientos sociales en favor de la sustitución del Estatuto del Extranjero, creado en 1980 aún durante la dictadura (1964-1985).

Mientras el Proyecto de Ley, conocido como "Proyecto Lula", continuaba archivado en el Congreso Nacional, el Senado tramitaba un nuevo anteproyecto de ley de inmigración: el Proyecto de Ley del Senado nº 288/2013. También el Ministerio de Justicia había designado una Comisión de Expertos para la formulación de una propuesta más amplia, titulada "Anteproyecto de Ley de Migraciones y Promoción de los Derechos de los Migrantes en Brasil". La Secretaría Nacional de Justicia, como parte de esa propuesta creó, en el marco de la organización de la 1ª Conferencia Nacional de Migración y Refugio (COMIGRAR), el Comité de Seguimiento de la Sociedad Civil sobre las Acciones de Migración y Refugio (CASC-Migrante), del cual formé parte representando a la Asociación Brasileña de Antropología (ABA).

Esta I COMIGRAR, celebrada en 2014, fue planeada como un amplio debate público, capaz de ofrecer subsidios para la creación de políticas públicas para migrantes y refugiados y, su proceso de organización se constituyó en manifestación de democracia participativa, la inserción de una Feria Nacional de Enfrentamiento al Tráfico de Personas y Experiencias de Políticas Migratorias que en su programación oficial, no incluyeron ni siquiera, discusiones previas con los miembros del CASC- Migrante fue por lo menos, paradójico. Si la formulación del Anteproyecto de Ley de Migraciones y Promoción de los Derechos de los Migrantes, respondió a las demandas de los movimientos sociales, la inclusión de cuestiones relacionadas con el tráfico de personas, reflejó la alineación de Brasil a las políticas globales de combate al tráfico de drogas, al crimen organizado y al terrorismo internacional que se vigorizaron con mayor vehemencia después del 11 de septiembre de 2001.

A pesar de reconocer la relevancia de esa problemática que fue además objeto de varios talleres en el marco de esa I COMIGRAR, el Comité Migraciones y Desplazamientos de la ABA, coordinado por mí, consideró que la vinculación con una organización que lidera los esfuerzos transnacionales para combatir el tráfico de drogas, la delincuencia organizada y el terrorismo internacional, tenía el potencial de criminalizar la cuestión migratoria. Como nuestra evaluación fue hecha con base en investigaciones, decidimos manifestarnos contra el mantenimiento de esta Feria, cuya concepción, a nuestro entender, evidenciaba una contradicción entre el proyecto democrático participativo de COMIGRAR, basado en consultas previas y focalizado en los derechos humanos, y la pauta anti-tráfico de personas producida por agencias multilaterales y utilizada especialmente, por gobiernos del hemisferio norte, como instrumento de contención de la movilidad humana, el libre ejercicio de la prostitución y, en última instancia, de criminalización de la inmigración³.

Para aclarar y desarrollar mejor esta propuesta y las discontinuidades posteriores, sostengo que las confluencias y tensiones entre la migración y la criminalidad, al igual que entre los derechos humanos, el humanitarismo y la securitización, se han convertido en una parte sistémica del diseño de un régimen global del control de las migraciones, inmerso en un capitalismo altamente destructivo, basado en la acumulación por despojo (Harvey 2004), que ha ampliado las desigualdades sociales y creado contingentes de desposeídos (Sassen 2014). Así, mientras predominan las ideologías y la retórica basada en los "derechos humanos" y el humanitarismo, se producen categorías sociales y políticas de gobernanza tecnocrática de la securitización, criminalización y deshumanización de la pobreza. Con la intensificación de los desplazamientos sociales y ecológicos, expulsiones, brutalidad y precariedad de la vida humana, el control del movimiento de migrantes transnacionales, y refugiados, se ha convertido en una prioridad en las agendas públicas de las agencias multilaterales y los gobiernos nacionales. Del mismo modo el desplazamiento interno, ya sea por la eliminación de territorios o personas consideradas al margen del Estado, se ha convertido en el foco de las políticas públicas locales que reflejan las agendas multilaterales (Feldman-Bianco 2015, 2018).

En este escenario, me enfrenté con el desafío de examinar, desde una perspectiva global de migración y desplazamientos⁴, la relación y las tensiones entre, por un lado, las políticas globales que equiparan la migración indocumentada con el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo internacional y, por otro, las políticas de migración y control de fronteras en Brasil, desde la era de Lula (2002-2010) hasta los primeros diez meses del actual gobierno de Bolsonaro que empezó en enero de 2019. Por lo tanto, comienzo este análisis cuando, paralelo a las demandas de migrantes transnacionales de Brasil y en Brasil, por una nueva ley de migración basada en derechos humanos, el gobierno de Lula accedió al régimen global de control de las migraciones como parte de sus acciones y estrategias para la transformación del país en un importante protagonista en el escenario mundial.

Entre los derechos humanos y el régimen global de control de las migraciones

Identifiqué entonces la adopción de diferentes políticas y escalas. Así, mientras en el nivel nacional el gobierno Lula (2002-2010) atendía las demandas de los movimientos sociales, encaminando un anteproyecto de ley de inmigración conocido como el Proyecto Lula, concediendo amnistía a los inmigrantes en 2009, y reconociendo los derechos de los así llamados brasileños en el exterior, invirtió a escala continental en UNASUR, reunió países cuyos dirigentes tendían más a la izquierda. Al mismo tiempo, la ratificación del Protocolo de Palermo (Decreto nº 5.017, de 2004), la resultante aprobación de la Política Nacional de Enfrentamiento al Tráfico de Personas y la suscripción al Convenio Internacional para la Supresión de la Financiación del Terrorismo (Decreto nº 5.640, (2005), alineaba a Brasil a las políticas globales de combate al tráfico de drogas, al crimen organizado y al terrorismo internacional y, por lo tanto, al régimen global de control de las migraciones.

En el Gobierno de Dilma Rousseff (2011/31 a 08/2016), las políticas de migración y fronteras, coordinadas por la Secretaría Nacional de Justicia, también mostraban diferentes procedimientos escalares. Por un lado, las iniciativas de formulación de un nuevo Anteproyecto de Ley de Migraciones y Promoción de los Derechos de los Migrantes en Brasil (Ordenanza nº 2.162/2013), tenían como referencia las políticas migratorias de Argentina y Uruguay, consideradas ejemplares. Al mismo tiempo, la I COMIGRAR propició amplia participación social de los migrantes y de los agentes que actúan juntos o estudian migración y refugio. Por otro lado, ese gobierno parece haber seguido más directamente que el anterior, las orientaciones de las organizaciones internacionales, como OIM, UNODC⁵ e ICPMD⁶, en lo que concierne a la (doble) protección a las personas migrantes y a las fronteras. Se han realizado fuertes inversiones en la política dirigida a enfrentar el tráfico de seres humanos y en la Estrategia Nacional de Fronteras (ENAFRON), interviniendo políticas de seguridad contra oponentes internos y de defensa nacional contra: enemigos externos, el crimen organizado transnacional, el tráfico de personas, el terrorismo que amenazan los espacios urbanos y la lucha anti drogas. Este énfasis en la securitización, moldeada en la agenda y formato de las políticas globales, contiene, como argumenta Hirata (2015) el potencial de colisionar con la economía y el sistema de intercambios locales. En el "desarrollismo" gubernamental vigente en la época, el interés recae predominantemente en los grandes proyectos hidroeléctricos y en el agro negocio, sin considerar los conocimientos tradicionales y sistemas de intercambio local, como ocurrió en la construcción de la Hidroeléctrica de Belo Monte y sus efectos nocivos en la organización social de las poblaciones tradicionales de su entorno (Pacheco de Oliveira e Cohn 2014).

Las tensiones entre derechos humanos y políticas de securitización también fueron parte integral del proceso de formulación de la nueva ley de migración que dio origen al decreto nº 9.199 de 2017. La versión de la ley aprobada en el Congreso Nacional fue esencialmente resultado de negociaciones entre movimientos sociales de/y/o que actúan junto a migrantes y refugiados y gobierno, incluida la policía federal. Así, a pesar del enfoque en migrantes como sujetos de derechos, el 40% de sus artículos se referían a la vieja noción de seguridad nacional del Estatuto del Extranjero. Sin embargo, la polarización entre los que estaban a favor y los que estaban en contra de la aprobación de la nueva ley, se intensificaron después de la deposición de Rousseff de la presidencia de la República y de las victorias del Brexit en Inglaterra y de Trump en los EEUU.

Es importante tener en cuenta que ya existía resistencias a la Nueva Ley, durante el Gobierno de Rousseff, en mayo de 2016, por ejemplo, la Federación Nacional de Policías Federales procesó una profesora universitaria italiana involucrada en actividades sindicales, con base en el Estatuto del Extranjero, aunque estuviera en contradicción con la Constituyente de 1988. En la época, eso parecía un episodio aislado, pero retrospectivamente constituye un indicio de las fuertes polarizaciones, cuando, ya en el gobierno de Michel Temer, la nueva ley estaba para ser votada en el Senado Federal. Junto con una petición en línea, activada por robotización contra la nueva ley “por abandonar la perspectiva de seguridad nacional del Estatuto del Extranjero”, movilizaciones en las calles de São Paulo, demandaban el veto integral del texto, debido al peligro de la islamización del Brasil y del terrorismo. La polarización demostró la yuxtaposición de la defensa del Estatuto del Extranjero combinada con el temor a las "nuevas amenazas", representadas por la ecuación entre migración indocumentada, tráfico y terrorismo.

La securitización y la criminalización de los migrantes

Las políticas del gobierno neoliberal de Temer, mezclando el tradicional autoritarismo de las élites brasileñas, antiguas nociones de seguridad nacional y el temor a las nuevas amenazas, reflejaron el giro a la derecha que estaba ocurriendo en el continente sudamericano y que se amplificó con la victoria de Bolsonaro. Así, las movilizaciones en torno a la sanción presidencial de la nueva ley intensificaron las polarizaciones en curso. Por un lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, junto a los movimientos sociales formados por inmigrantes, refugiados, Iglesia, academia y ONG, se posicionaron firmemente en pro de una sanción presidencial sin vetos. Por otro lado, el Ministerio de Defensa, Gabinete de Seguridad Nacional y la Policía Federal ejercieron presión en favor del veto de artículos que, supuestamente, constituían una amenaza para el control de las fronteras, la soberanía nacional y la seguridad de los nacionales.

Aunque la nueva ley mantuvo un foco en los derechos humanos, la sanción presidencial con 18 vetos, acentuó la securitización y la criminalización de los migrantes que continuaron siendo vistos como amenaza o problema. Entre los vetos, se destaca la amnistía para migrantes, la revocación de las expulsiones decretadas antes del 5 de octubre de 1988, la obligatoriedad de permanencia de migrantes ya residentes que hayan cometido delito en el país, la libre circulación de indígenas y poblaciones tradicionales entre fronteras. A pesar de las presiones de representantes de las organizaciones que actúan junto a migrantes y refugiados, incluso a través de una carta por la aprobación de la nueva ley sin vetos, firmada por más de cien entidades; la única consulta presencial dirigida a la sociedad civil fue realizada por el foro de participación social del Consejo Nacional de Inmigración (CNIg).

Como bien sintetizaron Acosta, Espinoza y Brumat (2016), el decreto de reglamentación de la ley, contradice la Constitución de 1988 al permitir la detención de migrantes indocumentados, mientras esperan expulsión. Además de delegar extensos poderes a la Policía Federal en la admisión, residencia y expulsión de no nacionales, el decreto no especificaba las condiciones para la concesión de residencia humanitaria a los no nacionales, dejando esa decisión a los Ministerios de Justicia, Trabajo y Relaciones Internacionales conjuntamente, en otra fase. Sin embargo, aunque representantes de la sociedad civil continuaron subrayando los avances logrados con el cambio de paradigma de la nueva ley y su foco en los derechos humanos; al mismo tiempo llamaron la atención sobre los "retrocesos" que pautaron el proceso de reglamentación. De hecho, el decreto de ley resultante de ese proceso regulatorio, apoyó e incluso subrayó la seguridad nacional y la judicialización de la migración, acarreando grandes desafíos a quienes luchan por los derechos humanos de los migrantes.

Además de dar continuidad a las políticas de securitización de fronteras de la gestión Rousseff, el gobierno de Temer federalizó y militarizó la escala local a través de la intervención, en la ciudad de Río de Janeiro, en lo relacionado con la "guerra a las drogas" y, a nivel estatal en el caso de Roraima, concerniente a la inmigración venezolana y a la protección de fronteras. En el proceso, amplió la inserción de Brasil en el combate global al tráfico de drogas, tráfico de seres humanos y terrorismo y, por lo tanto, en el régimen global de control de las migraciones. Más allá de aprobar una reforma laboral siguiendo la agenda neoliberal, al alejarse de los movimientos sociales y restringir la participación social, recordó el aforismo de Sergio Buarque de Holanda (1936): en Brasil "la democracia no pasa de un gran malentendido". No por casualidad, ese gobierno representaba el (viejo) nacionalismo y los intereses de la antigua y nueva derecha con sus demandas de políticas de securitización y militarización del país e, incluso, por el retorno del Estatuto de los Extranjeros. Pero, sorprendentemente, mientras el Consejo Nacional de Inmigración, con su composición tripartita, logró elidir durante veinte años (1996-2016) el anacronismo del Estatuto del Extranjero a través de la formulación, coordinación y orientación de la política de migración por medio de normativas basadas en decretos y resoluciones específicas, involucrando la solución de casos omisos, con la regulación de la Nueva Ley, hubo una militarización de la política migratoria.

En el caso de la intervención federal en Río de Janeiro, los asesinatos en marzo de 2018 de Marielle Franco, concejal del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y defensora de los derechos de los negros, de los habitantes de barrios marginales y homosexuales, y de su chofer, Anderson Pedro Gomes, expusieron la existencia de la polarización entre derechos humanos y políticas de securitización y militarización de la pobreza racializada. Esas muertes, definidas como "ejecuciones", apuntaron hacia una dirección, trillada por Colombia y México, en el avance de las milicias y paramilitares. Al mismo tiempo, la conmoción ante esta violencia institucionalizada y las continuas manifestaciones de repudio a esa violencia, tanto a nivel local como nacional e internacional, impulsan la lucha por la dignidad humana.

La política migratoria y la supresión de los derechos humanos

Si hubo bajo la presidencia de Temer una ocupación militar en Río de Janeiro y también en Roraima, desde el comienzo del gobierno Bolsonaro enfrentamos a nivel nacional, una escalada de la violencia estatal militarizada y policial: el avance de las milicias y la intensificación de la violencia estructural contra las mujeres, LGBTI, indígenas, negros, residentes de las periferias urbanas, inmigrantes racializados y otras poblaciones vulnerables. Sobre todo, en Brasil hoy, vivimos a diario con los intentos presidenciales de erosionar las garantías constitucionales y, en última instancia, desmantelar la malentendida democracia. Al igual que otros candidatos tiranos, Jair Bolsonaro, admirador fanático de la dictadura y la tortura, forma parte de una red transnacional de nacionalistas de extrema derecha, bajo la órbita de Steve Bannon, encabezada por Donald Trump con una fuerte influencia del astrologo y filósofo brasilero Olavo de Carvalho. Como Levitsky e Ziblat (2018) destacan, aunque esos gobiernos de extrema derecha llegaron al poder por la ruta electoral, paradójicamente usan las mismas instituciones de la democracia, gradual, sutil e incluso legalmente, para matarla.

Jair Bolsonaro fue elegido presidente del Brasil con un discurso de odio y anticorrupción, entrelazado con la defensa de los valores morales tradicionales, direccionado especialmente contra Lula y el Partido de los Trabajadores, en una coyuntura de recesión económica, arresto de Lula e intensa polarización derecha-izquierda. Aunque sin presentar un programa gubernamental, su plataforma combina la continuidad de una política económica neoliberal de reducción de derechos, ahora basada en el modelo chileno de los tiempos de Pinochet (1973-1990), con un paquete contra el crimen y anticorrupción, que conlleva el peligro de transformar el país en un Estado policial. Con el apoyo de las élites económicas, militares y de los grupos armamentistas, ruralistas y evangélicos, su gobierno favorece drásticamente el avance de un capitalismo altamente destructor, en perjuicio de: el medio ambiente, la ciencia, la educación, la tecnología, las instituciones democráticas y, los derechos humanos. Su modo de legislar mediante decretos y medidas provisionales, es cuestionado como "una forma de socavar la democracia desde dentro, mostrando poco aprecio por las reglas del juego democrático"⁷. No por casualidad, la mayoría de esas gestiones han sido refutadas judicialmente por violar la Constitución de 1988, incluidas sus principales promesas de campaña, como la de relajar la regulación sobre posesión de armas y el paquete contra el crimen, defendido por su Ministro de Justicia Sergio Moro⁸. Por lo tanto, se convierten en un campo de disputas a nivel institucional, ya sea dentro del alcance del Congreso Nacional, Senado Federal, Fiscalía Federal, Corte Suprema o Defensor Público, entre otros. La defensa de la constitucionalidad tiende a ser inducida por la presión de los movimientos sociales. Pero incluso cuando se suspenden sus decretos y medidas provisionales, la retórica de Bolsonaro y su uso de las redes sociales y de las Fake News, funcionan como una licencia para legitimar la securitización y la violencia, como la otorgada a la policía para matar, que ha resultado en un mayor número de muertes en las periferias urbanas. Hay igualmente una relación entre sus campañas por la posesión de armas y aquella en contra de la supuesta ideología de género y el aumento del feminicidio, así como entre los incendios causados en la Amazonia y el énfasis en la deforestación, criminalización y eliminación de las poblaciones indígenas y el desarrollo capitalista de la región. Esas acciones y estrategias, practicadas por un gobierno de las redes sociales, están promoviendo reveses sociales y una escalada de la violencia involucrando, así, la reducción de los derechos sociales y el exterminio de los desposeídos y de los que desafían los valores morales tradicionales: homosexuales, lesbianas y transgénero, muestra de una parte de los continuos intentos de destrucción del Estado de derecho.

La decisión del gobierno de Bolsonaro de disociar a Brasil del Pacto Mundial de Migración Ordenada, Segura y Regular, es parte de este escenario⁹. Representa su alineación con el nacionalismo exacerbado y las políticas draconianas de Trump y otros aliados de extrema derecha. Si bien los movimientos sociales señalaron la imposibilidad de proteger, simultáneamente, los derechos humanos y las fronteras territoriales, la salida de Brasil de este Pacto significó la supresión de los derechos humanos de la política migratoria a favor de la escalada de la securitización y criminalización de los inmigrantes, incluyendo los refugiados y, por lo tanto, el creciente control y vigilancia sobre quién puede cruzar las fronteras nacionales y permanecer en Brasil.

Los intentos del Ministro Sergio Moro de introducir cambios en la nueva Ley de Migración se subscriben a esta política de securitización y criminalización de la cuestión migratoria, convirtiéndola en un campo de disputa a escala nacional. Así, la inserción de cuatro adiciones diseñadas para endurecer las reglas sobre el ingreso de personas al país, a través de una enmienda al Proyecto de Ley 1928/2019, fue rechazada por los movimientos sociales en defesa de los inmigrantes, por herir: “los principios que guiaron el debate actual sobre la ley de migración, restableciendo la intención de ampliar el control de la migración, observando la inmigración desde la perspectiva de criminalización de las personas en movilidad”.¹⁰

Igualmente, su Ordenanza 666 de 25 de julio de 2019, instituyendo “el impedimento de entrada, repatriación y deportación de persona peligrosa o que ha cometido un acto contrario al principios y objetivos establecidos en la Constitución”, fue repudiada vehementemente, incluso por el Comité Migraciones y Desplazamientos de la ABA, por representar un ataque al Estado democrático. Esa legislación, que también fue cuestionada legalmente y sujeta a acción en la Corte Suprema Federal¹¹, fue derogada por la Ordenanza 770/2019 de 11 de octubre de 2019, nueva instrucción del Ministerio de Justicia. Sin embargo, una nota pública firmada por 33 entidades de la sociedad civil manifestó que: La derogación de la Ordenanza 666 es un retiro bienvenido, pero aun así no es suficiente. La ordenanza 770 sigue siendo una afrenta a la Ley de Migración, ya que …además de llegar tarde, el retiro también es insuficiente y permanece en una lógica inadecuada para un estado de derecho democrático. Inadecuado ya que está más allá de la lógica constitucional el intento de enmendar lo que dice la Ley de Migración (Ley N ° 13.445/17), que es el resultado de un profundo debate nacional, por una mera ordenanza, que va más allá de las pautas legales cuando debería, solo y únicamente, estipular el flujo de procedimientos.¹²

Mientras continúan las movilizaciones contra la Ordenanza 770, la sociedad civil obtuvo una pequeña victoria con la terminación del proyecto de ley 1928/2019 en el Congreso Nacional. Según el blog MigraMundo, el autor de la versión original, que se refería únicamente a la intención de simplificar la emisión de visas para jóvenes inmigrantes interesados en trabajar y estudiar en Brasil, decidió cerrarlo, señalando que el gobierno lo usaría para imponer acciones en su interés sin el debido debate público.¹³

Las acciones del gobierno de Bolsonaro también penalizan a los refugiados. Dado el giro a la derecha de la geopolítica del continente, el refugio otorgado en 2003, a tres paraguayos acusados de secuestro (político), por temor a la persecución, fue revocado a solicitud del Presidente de Paraguay¹⁴. Este retiro ya está induciendo amenazas contra los refugiados de otros países y continentes, trayendo, al menos un caso en el que sigo, la imposibilidad de proseguir viviendo en Brasil. Asimismo, por razones geopolíticas, Bolsonaro mantuvo y continuó la militarización de la política migratoria del gobierno de Temer direccionada a los inmigrantes venezolanos que continúan llegando a Roraima. Percibidos como refugiados políticos de Venezuela por el gobierno brasileño y el ACNUR, los desplazados de un país gobernado por un “enemigo” pueden requerir refugio o residencia provisional pero no la visa humanitaria a la que, según la nueva Ley de Migración, tendrían derecho. Colocados en viviendas temporales que se asemejan a campamentos de refugiados, esos desplazados están sujetos a políticas de internalización, discriminación y xenofobia¹⁵.

Del mismo modo, los brasileños que viven en situación de indocumentados en el exterior, están siendo objeto de discriminación y arbitrariedad, aunque, bajo la nueva Ley de Migración, sea un deber constitucional del Estado brasileño, protegerlos en tránsito en el extranjero, de cualquier forma de violencia estatal en el país anfitrión¹⁶. Pero en desacuerdo flagrante con esta legislación, los informes de prensa indican que el actual gobierno está facilitando la deportación de brasileños de los Estados Unidos. Preocupado por esta noticia, ABA, a través de su Comité de Migración y Desplazamientos, envió una solicitud de aclaración al Ministerio de Relaciones Exteriores, teniendo en cuenta que:

“La supuesta cooperación entre los estados nacionales va en contra de los principios básicos de la circulación internacional de personas, que debe hacerse a través de rutinas administrativas que respeten el derecho de defensa de las personas en tránsito. En segundo lugar, la supuesta facilitación de la deportación por parte de los Estados Unidos, a cargo de la autoridad brasileña, viola el principio de protección del Estado brasileño a sus ciudadanos en el extranjero, lo que lleva a casos de deportación sumaria sin el debido proceso. (Por lo tanto) esta decisión del gobierno brasileño, si confirmada, además de señalar una sumisión indeseable a los intereses de Estados Unidos, revelaría una intención sin precedentes de dañar y criminalizar a los ciudadanos que, ante la crisis económica y el alto desempleo en Brasil, han estado buscando alternativas de vida y trabajo en otros países”.¹⁷

Hasta el momento no ha habido respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores a esta petición. Mientras tanto, en una coyuntura de recesión económica, con 12,5 millones de desempleados, aumento del trabajo informal, reforma laboral y de la recién aprobada reforma de pensiones basada en la experiencia chilena de reducción de derechos, la salida de los brasileños al extranjero solo tiende a multiplicarse. Si quienes pueden invertir en el extranjero consiguen adquirir fácilmente visas y derechos, las personas en situación indocumentada ni siquiera pueden contar con la protección del gobierno brasileño. Por cierto, aquellos que viven sin papeles en los Estados Unidos, por el contrario, deben mantenerse alejados de los consulados y embajadas de Brasil para evitar la deportación.

La actual coyuntura socioeconómica brasileña, marcada por la recesión económica, la flexibilización y precariedad del trabajo; la consiguiente reducción de derechos y protección social, el progresivo aumento de la securitización y criminalización de la pobreza y el alargamiento de los contingentes de desposeídos incluida su extirpación, expone un capitalismo devastador que se asemeja a la era colonial en términos de explotación, violencia y deshumanización. Por lo tanto, plantea no solo preguntas sobre quién tiene derecho a los derechos sino también, sobre quién tiene derecho a ser humano, y que esto no está restringido al Brasil.

Capitalismo global vs migraciones forzadas

Estos procesos de expulsión, despojo, securitización y criminalización, no son exclusivos de Brasil. Son el resultado de políticas y prácticas que condujeron a una mayor concentración de ingresos, poder y desigualdades sociales a través de la acumulación por desposesión. Se nutren de los movimientos temporales y espaciales del capitalismo global en la apertura de mercados y las consecuentes crisis causadas por la sobreacumulación de capital, que afectan la vida de las personas, generando migraciones y refugio debido a las guerras, impactos de proyectos de desarrollo en el campo y en la ciudad, y a la especulación inmobiliaria, entre otros desplazamientos que están siendo criminalizados.

Este análisis desde Brasil y desde el punto de vista de las migraciones y los desplazamientos, permite desplegar las políticas nacionales y globales que estimulan los avances de ese capitalismo desmedido. En conjunto, estas políticas han llevado a la reducción gradual de los derechos humanos y la protección social y al mismo tiempo, a la intensificación de la securitización y criminalización, incluida la violencia estatal, con respecto a las poblaciones vulnerables, ya sean migrantes, refugiados, pueblos indígenas, residentes de las periferias urbanas o los LGBTI.

Por lo tanto, los gobiernos de desarrollo de Lula y (especialmente) Dilma Rousseff implementaron políticas de inclusión y protección social al mismo tiempo que invirtieron en agro negocios y grandes proyectos hidroeléctricos y urbanísticos que produjeron desplazamientos y cambios en los modos de vida de las poblaciones tradicionales y periferias urbanas. Además, si bien respaldaron proyectos de ley basados en migrantes como sujetos de derechos, suscribieron políticas globales. El derrocamiento de Dilma Rousseff y el ascenso al poder de la derecha, permitieron el regreso de las políticas económicas neoliberales privatizadoras y la reducción de la protección social y de los derechos de los trabajadores; la desfiguración de la nueva ley de migración y la militarización tanto de la periferia urbana en la lucha contra las drogas (en el caso de Río de Janeiro), así como de la cuestión migratoria en lo que respecta a los inmigrantes venezolanos en Roraima en el contexto de cambios geopolíticos en el continente sudamericano.

La elección de Bolsonaro y sus intentos de destruir la democracia son el pináculo de los procesos que liberan el avance del capitalismo a través de políticas económicas neoliberales ortodoxas y la constitución de un Estado policial. En este sentido, su lema de gobierno: Brasil sobre todo también puede significar Capitalismo sobre todo, sin derechos humanos y sin protección social. En consecuencia, sus diversos decretos y medidas provisionales tienen objetivos específicos: facilitar la explotación, la violencia y la deshumanización, incluyendo, si es necesario, la disposición de las poblaciones vulnerables, como en la época colonial. Desde esa perspectiva, los incendios causados en la Amazonía, la criminalización de los indígenas y la negativa a demarcar sus tierras, se vuelven más comprensibles con la reciente solicitud del presidente del Instituto Brasileño de Turismo (EMBRATUR) que quiere que el organismo responsable de proteger los derechos indígenas en el país (FUNAI) ponga fin al proceso de demarcación de una reserva, que se encuentra en el sur de la Bahia y que pertenece al pueblo Tupinambá de Olivenza, para permitir la construcción allí de un hotel de lujo de una empresa privada, . Del mismo modo, aunque los inmigrantes que tienen capital y desean invertir en Brasil son bienvenidos, las personas indocumentadas son criminalizadas con medidas de deportación sumaria.

Ciertamente, la forma en que este gobierno legisla está siendo desafiada, y numerosas de sus acciones están detenidas debido a su inconstitucionalidad y la presión de los movimientos sociales temáticos, ya sea en defensa del medio ambiente, los problemas indígenas, la migración, la educación, la ciencia y la tecnología, el género, etc. Pero independientemente de si Bolsonaro logra o no terminar su mandato, desafortunadamente las marcas de sus intentos de destrucción permanecerán.

Referencias bibliográficas 

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Deslocamentos/aba sobre a i comigrar. Brasília, 2014. Disponible en este enlace.

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Palabras clave:

Migración, políticas globales, Brasil, democracia, derechos humanos.

Notas al pie:

^{1 Esta es una versión sintetizada y actualizada de mi artículo O Brasil frente ao regime global de controle das migrações: Direitos humanos, securitização e violências (2018)
2 Ver enlace.
3 Esa petición está disponible en este enlace.
4 A través de ese paradigma, nuestros estudios han indicado que las políticas de gobernanza actuales criminalizan protagonistas específicos, ya sean inmigrantes indocumentados, solicitantes de refugio, trabajadores sexuales en el mercado laboral internacional, o residentes de favelas y periferias urbanas Esta lógica de exclusión social, anclada en una racionalidad tecnocrática y en la producción de categorías sociales, cuyos componentes jurídicos y morales también implican interseccionalidades de raza, género, clase, descarta personas, lugares y bienes considerados innecesarios o amenazantes, negando, en el caso de las personas, el derecho a ser humano. Por lo tanto, crea contingentes de los desposeídos (Feldman-Bianco 2015, 2018).
5 Agencia de las Naciones Unidas para las Migraciones
6 Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias
7 “Governar por decretos é minar a democracia, Pacto por la Democracia, 31/05/2019. Ver enlace.
8 El ex juez que dirigió la extensa investigación sobre corrupción y lavado de dinero y condenó al presidente Lula
9 Fellet, João, Bolsonaro confirma saída de pacto de migração da ONU. Ver enlace.
10 Ver enlace. 
11 Ver enlace.
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13 Ver enlace.
14 Ver enlace. 
15 Ver enlace. 
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